Un juez de Control del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de México autorizó que Ernesto Ruffo Appel, ex gobernador de Baja California, continúe en prisión preventiva desde su domicilio mientras avanza el proceso penal que enfrenta por presuntos delitos de delincuencia organizada y relacionados con hidrocarburos.
La resolución se tomó durante una audiencia de revisión de medidas cautelares celebrada en Almoloya de Juárez, después de que la defensa del exmandatario solicitara modificar el lugar donde se ejecutaba la prisión preventiva oficiosa.
De acuerdo con la Fiscalía General de la República (FGR), la defensa argumentó que Ruffo Appel es adulto mayor y enfrenta diversos problemas de salud, por lo que presentó dictámenes médicos relacionados con una cirugía y otros padecimientos.
El juez determinó mantener la prisión preventiva, pero autorizó que sea cumplida en el domicilio del imputado. La resolución contempla además una serie de restricciones para garantizar su permanencia bajo control judicial.
Entre las medidas establecidas se encuentra la vigilancia permanente por parte de elementos de la Guardia Nacional, la prohibición de salir del país, el retiro de su pasaporte y visa, así como la obligación de mantenerse alejado de testigos y personas relacionadas con la investigación.
El caso está relacionado con una investigación de la FGR sobre una presunta red de contrabando de combustibles y operaciones financieras vinculadas con empresas dedicadas al sector energético.
Según la acusación de la Fiscalía, la investigación alcanzó a empresarios y compañías que habrían participado en operaciones de importación irregular de combustibles desde Estados Unidos hacia México. La autoridad sostiene que parte de estas operaciones se realizaron mediante ferrotanques que ingresaron por las aduanas de Matamoros y Nuevo Laredo, Tamaulipas.
La FGR sostiene que en una de las operaciones investigadas se habrían introducido 163 ferrotanques con combustible cuya cantidad declarada ante las autoridades aduaneras habría sido inferior al volumen realmente transportado. De acuerdo con la acusación, esta maniobra habría generado una presunta evasión de aproximadamente 166.4 millones de pesos en impuestos.
Los cargamentos, según la investigación ministerial, provenían de distintos exportadores estadounidenses y fueron canalizados hacia México mediante la empresa Ingemar, mientras que Crismon Hidrocarburos y Derivados aparece como uno de los compradores señalados en la indagatoria.
La Fiscalía también sostiene que la estructura investigada habría comenzado a operar antes de la incorporación de Ruffo Appel a Ingemar y que la organización habría movilizado importantes cantidades de combustible durante 2025.
Las acusaciones forman parte del expediente penal y deberán ser acreditadas ante la autoridad judicial. Ruffo Appel conserva su derecho a la presunción de inocencia mientras continúa el proceso.
La FGR ha señalado que los delitos que se le imputan, entre ellos delincuencia organizada y delitos en materia de hidrocarburos, contemplan la prisión preventiva oficiosa conforme al marco constitucional. La modificación autorizada por el juez corresponde al lugar donde se ejecutará dicha medida y no representa el levantamiento de la prisión preventiva.
La Fiscalía General de la República reiteró su respeto a las determinaciones del Poder Judicial Federal y al debido proceso, mientras la investigación y el procedimiento penal continúan.
Especial-eitmedia.mx
Con información de la FGR
