El diputado Paulo Gonzalo Martínez López, del PAN, presentó una iniciativa para reformar la Ley Federal del Trabajo y establecer que las personas físicas o morales que administren o gestionen servicios mediante plataformas digitales, en su carácter de patrón, garanticen un seguro a las y los trabajadores que realicen servicios de reparto en motocicleta durante el tiempo que laboren.
La propuesta plantea modificar el artículo 291-K de la Ley Federal del Trabajo para establecer que la cobertura deberá incluir, como mínimo, accidentes, lesiones y daños a terceros derivados de la prestación del servicio.
La iniciativa, turnada a la Comisión de Trabajo y Previsión Social, sostiene que miles de personas utilizan actualmente las plataformas digitales como fuente de ingresos mediante actividades relacionadas con el reparto y la entrega de alimentos, productos y mercancías.
De acuerdo con la exposición de motivos, quienes realizan estas labores en motocicleta enfrentan riesgos como accidentes de tránsito, caídas, lesiones y daños materiales mientras cumplen con los servicios asignados por una plataforma.
El planteamiento advierte que las consecuencias de un accidente pueden extenderse más allá del momento del hecho, debido a posibles gastos médicos, daños materiales, pérdida temporal o permanente de ingresos y afectaciones al patrimonio familiar.
Martínez López señala que la Ley Federal del Trabajo ya contempla un régimen específico para las personas trabajadoras de plataformas digitales y establece obligaciones para las empresas que administran o gestionan servicios mediante estas herramientas.
Sin embargo, argumenta que la evolución de estas nuevas formas de organización laboral hace necesario fortalecer las medidas relacionadas con la seguridad de quienes realizan actividades que implican riesgos particulares, como el reparto en motocicleta.
La propuesta busca que las plataformas digitales asuman directamente una responsabilidad mínima frente a los riesgos relacionados con esta actividad, sin crear una nueva estructura administrativa ni establecer un fondo público.
El legislador sostiene que la medida tampoco pretende impedir el crecimiento del sector de plataformas digitales, sino establecer condiciones mínimas de protección para quienes prestan servicios mediante este modelo.
“Se trata de reconocer que detrás de cada aplicación, pedido y entrega existe una persona que trabaja, se expone y merece protección”, expuso el diputado.
La iniciativa también precisa que la obligación propuesta coexistiría con las disposiciones vigentes en materia de aseguramiento y seguridad social contempladas en la Ley Federal del Trabajo y demás ordenamientos aplicables.
El proyecto deberá ser analizado ahora por la Comisión de Trabajo y Previsión Social, donde se determinará su eventual dictaminación y el trámite legislativo correspondiente.
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