La exigencia de ejidatarios de El Alto, en Montemorelos, para recibir las indemnizaciones correspondientes por los terrenos expropiados para la construcción de la Presa Libertad recibió el respaldo de la diputada local del PAN, Aile Tamez de la Paz.
La legisladora se sumó al exhorto presentado por el diputado priista Javier Caballero Gaona para solicitar a Agua y Drenaje de Monterrey que atienda el adeudo pendiente con los habitantes de esta comunidad.
Tamez de la Paz señaló que las familias afectadas cedieron sus tierras para permitir la construcción de una obra considerada de utilidad pública, pero que, pese al paso de los años, continúan esperando el pago que les corresponde.
“Nuevo León necesitaba agua. Y para que esa agua llegara, hubo familias que tuvieron que entregar sus tierras. Hoy, esas familias siguen esperando que el Estado les cumpla”, afirmó.
La diputada sostuvo que los terrenos representaban el patrimonio y medio de vida de las familias, por lo que consideró necesario que las autoridades atiendan el compromiso derivado del proceso de expropiación.
De acuerdo con la legisladora, han transcurrido más de cinco años sin que algunos de los afectados reciban la indemnización correspondiente, situación que, dijo, ha obligado a los ejidatarios a realizar gestiones y traslados a Monterrey para dar seguimiento a sus solicitudes.
También señaló que algunos de los propietarios fallecieron sin recibir el pago, dejando a sus familias la responsabilidad de continuar con los procedimientos para reclamar los recursos.
“No estamos en contra de la Presa Libertad. Estamos a favor de que el desarrollo de Nuevo León también respete a quienes tuvieron que ceder su patrimonio para hacerlo posible”, expresó.
Tamez de la Paz insistió en que la construcción de infraestructura para garantizar el abasto de agua no debe significar que las familias afectadas permanezcan durante años a la espera de una compensación.
“El agua es de todos, pero la justicia también”, sostuvo.
Finalmente, la diputada panista hizo un llamado a las autoridades responsables para que atiendan el pago pendiente a los ejidatarios de El Alto.
“El Alto no está pidiendo un favor. Está exigiendo lo que legítimamente le corresponde”, concluyó.
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