La diputada Mariana Guadalupe Jiménez Zamora, de Movimiento Ciudadano, presentó una iniciativa para establecer sanciones de hasta 4 millones 274 mil 960.73 pesos a proveedores de servicios funerarios de uso inmediato que retengan restos humanos, cenizas o documentos relacionados con una persona fallecida debido a una controversia por el pago del servicio.
La propuesta plantea adicionar el artículo 65 Quáter y reformar el artículo 128 de la Ley Federal de Protección al Consumidor, con el objetivo de establecer obligaciones específicas para los proveedores de servicios funerarios y reforzar la información que deben recibir los consumidores antes de contratar.
De acuerdo con la iniciativa, las empresas deberán entregar un presupuesto desglosado que especifique los bienes y servicios básicos, los conceptos opcionales, así como los impuestos o derechos que deban pagarse a terceros y el costo total.
También se propone que cualquier cargo adicional cuente con el consentimiento expreso del consumidor, además de garantizar la libre elección de bienes y servicios opcionales.
Entre las obligaciones planteadas se encuentran exhibir los precios de manera clara, utilizar el contrato registrado correspondiente e informar sobre cualquier restricción sanitaria o técnica que pueda afectar la prestación del servicio.
La iniciativa establece que el incumplimiento de estas disposiciones podría ser sancionado con multas de entre mil 93.02 pesos y 4 millones 274 mil 960.73 pesos.
Jiménez Zamora señaló que la contratación de servicios funerarios ocurre generalmente en circunstancias de duelo y urgencia, situación que, de acuerdo con su exposición de motivos, puede limitar la posibilidad de que las familias comparen precios, revisen cláusulas contractuales o distingan entre servicios indispensables y opcionales.
La legisladora sostuvo que, aunque actualmente existen obligaciones relacionadas con los contratos registrados y la información al consumidor, persisten prácticas que pueden generar conflictos, entre ellas presupuestos sin desglose, incorporación de conceptos que no fueron autorizados y condicionamiento de servicios básicos a la contratación de productos adicionales.
La propuesta también busca establecer de manera expresa que los proveedores no puedan retener restos, cenizas o documentos como mecanismo de presión ante una controversia relacionada con el pago.
La iniciativa precisa que los proveedores conservarían las vías legales para exigir el cumplimiento de las obligaciones económicas establecidas en los contratos, pero no podrían utilizar elementos vinculados con los restos de una persona fallecida o con los trámites derivados de su fallecimiento como garantía de pago.
La diputada planteó que las nuevas disposiciones permitirían establecer reglas uniformes para la presentación de presupuestos, documentar el consentimiento de los consumidores y limitar prácticas de condicionamiento o retención.
La iniciativa fue turnada a la Comisión de Economía, Comercio y Competitividad para su análisis y, en su caso, elaboración del dictamen correspondiente.
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