El Congreso de Nuevo León aprobó citar a comparecer presencialmente al secretario de Seguridad estatal, Gerardo Escamilla Vargas, el próximo martes 20 de octubre, luego de su participación en un taller electoral organizado por Movimiento Ciudadano (MC), en el que se abordaron temas relacionados con la organización y la seguridad de los comicios de 2027.
La solicitud fue presentada por la presidenta de la Comisión Anticorrupción, la diputada priista Armida Serrato Flores, quien también pidió que la Auditoría Superior del Estado y el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Nuevo León revisen posibles irregularidades administrativas y electorales en las que presuntamente habrían incurrido el gobernador Samuel García y otros integrantes de su gabinete.
Desde tribuna, la legisladora señaló que la preocupación surgió a partir de publicaciones difundidas en redes sociales por la dirigencia estatal de Movimiento Ciudadano, en las que se dio cuenta del encuentro con la participación de funcionarios estatales y representantes del partido.
Serrato Flores cuestionó la presencia del titular de Seguridad en la reunión y sostuvo que la información conocida públicamente amerita una revisión por parte de las instituciones competentes para determinar si las actividades se apegaron a la legislación vigente.
Durante su intervención, la diputada mostró imágenes del taller en las que aparece Escamilla Vargas y planteó la necesidad de aclarar los alcances del encuentro, particularmente ante las referencias a posibles reuniones con autoridades electorales y a medidas relacionadas con la organización y la seguridad del proceso electoral.
La priista afirmó que la seguridad durante las elecciones debe garantizar la protección de la ciudadanía, las candidaturas, los funcionarios electorales y todas las personas involucradas en los comicios, sin favorecer intereses partidistas.
También subrayó que las autoridades electorales deben preservar su autonomía e independencia, mientras que los servidores públicos están obligados a conducirse con imparcialidad y respetar las condiciones de equidad en la contienda.
La comparecencia aprobada por el Congreso buscará abordar la participación del secretario estatal en el taller, mientras que la petición de revisión a los órganos fiscalizadores y electorales plantea que sean las instancias correspondientes las que determinen si existen elementos para establecer alguna responsabilidad.
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