Casino Royale: la justicia que indigna, el poder que se acomoda y la política que ya mira a 2027
Hay noticias que no deberían pasar como una más en la agenda del día. Hay decisiones que obligan a detenernos, preguntar y exigir explicaciones. Y hay movimientos políticos que, aunque se presenten con nombres institucionales y discursos cuidadosamente calculados, revelan que la disputa por el poder nunca descansa.
La salida de prisión de Héctor Javier Montoya Chávez, alias “La Rana”, condenado a 15 años por delitos vinculados con el caso Casino Royale, vuelve a sacudir la memoria de Nuevo León. La tragedia del 25 de agosto de 2011 dejó 52 personas muertas y una herida que sigue abierta para sus familias.
La resolución de libertad bajo protesta fue emitida por la jueza federal Mabel Cortés Navarrete, titular de un juzgado con sede en Matamoros, Tamaulipas. Montoya Chávez fue identificado como integrante de Los Zetas, grupo criminal que operó en Nuevo León y Tamaulipas. La determinación judicial correspondió a una causa penal específica y no equivale a una absolución general.
El dato no es menor: ¿cómo se explica a las familias de las víctimas que una persona sentenciada por delitos relacionados con aquella organización criminal pueda abandonar la prisión mientras persisten dudas sobre los alcances de la resolución? No se trata de cuestionar la legalidad sin conocer el expediente completo, sino de exigir transparencia. Las víctimas merecen respuestas claras y las autoridades tienen la obligación de ofrecerlas. En un caso que marcó a Monterrey, la opacidad solo profundiza la indignación.
Y mientras Nuevo León vuelve a mirar hacia aquella herida, en el ámbito nacional otros acontecimientos colocan bajo examen la credibilidad de las instituciones.
La votación de los trabajadores del IMSS para decidir si aceptan el incremento salarial global de 6.8 por ciento también dejó preguntas sobre la transparencia de los procesos internos. Hasta las 19:00 horas se reportaban alrededor de 282 mil participantes de un padrón cercano a 476 mil, equivalente al 59.2 por ciento.
La consulta se desarrolló entre cuestionamientos por la falta de folio en algunas boletas y reportes de incidencias en diez unidades electorales. Eso no demuestra por sí mismo que haya existido fraude, pero sí obliga a responder algo elemental: ¿qué mecanismos se utilizaron para garantizar que cada voto fuera contabilizado correctamente y que los trabajadores tuvieran certeza sobre el procedimiento?
El aumento salarial es importante, por supuesto. Para miles de empleados del Seguro Social, cada punto porcentual cuenta frente al costo de vida y las responsabilidades familiares. Pero también importa la forma en que se consulta su voluntad. Si se convoca a los trabajadores a decidir, la organización sindical tiene la obligación de ofrecer condiciones que permitan confiar en el resultado.
No basta con abrir las urnas. Hay que demostrar que el proceso es confiable.
En la Cámara de Diputados, por otra parte, la propuesta relacionada con la cobertura informativa indebida encendió otra señal de alerta. El predictamen de una nueva Ley de Medios de Impugnación en Materia Electoral contemplaba criterios para considerar indebida una cobertura informativa reiterada y sistemática cuando buscara influir en las preferencias electorales y no respondiera a un ejercicio periodístico.
La discusión fue aplazada para realizar modificaciones y evitar que las nuevas reglas entraran en vigor durante el proceso electoral 2026-2027. El retiro de la propuesta atribuida al diputado morenista Víctor Hugo Lobo abrió un espacio para revisar sus alcances, pero no elimina la preocupación de fondo.
¿Quién define cuándo una cobertura periodística deja de ser información y se convierte en una intervención electoral? ¿Con qué criterios se distinguiría una entrevista incómoda, una investigación periodística o una opinión crítica de una operación destinada a favorecer a un candidato?
Es legítimo combatir la publicidad electoral encubierta y exigir que las reglas de competencia sean equitativas. Lo que no sería aceptable es construir disposiciones ambiguas que permitan cuestionar o castigar a medios y periodistas por informar sobre asuntos de interés público.
La libertad de expresión no puede convertirse en una moneda de cambio de las reformas electorales. Si hay vacíos legales, deben corregirse con definiciones precisas, garantías y controles. Una democracia necesita reglas para competir, pero también necesita prensa libre para vigilar a quienes compiten.
Y mientras en la capital se discuten los límites de la legislación electoral, en Nuevo León los movimientos rumbo a 2027 ya comenzaron, aunque todavía no existan candidaturas oficiales.
Finalmente, les diremos que Morena abrió el proceso para elegir coordinaciones municipales de los Comités de Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional. El nombre es largo, la estructura es partidista y el objetivo inmediato es organizar al movimiento; sin embargo, nadie ignora que estos espacios pueden convertirse en plataformas de posicionamiento para quienes aspiran a gobernar sus municipios.
En Escobedo aparecen Anylú Bendición Hernández y Felipe Canales la carta fuerte de la 4T norteña. En Guadalupe comienza a mencionarse a Arturo Benavides, que de nuevo saldrá en busca de esa corona perdida hace algunos años atrás. Mientras que en Santa Catarina figura Elizabeth Galicia Ruiz. Sus registros, anuncios y movimientos deben distinguirse cuidadosamente: no todos se encuentran necesariamente en la misma etapa del procedimiento y ninguno puede presentarse todavía como candidato oficial por ese solo hecho.
Pero el mensaje político es claro: mientras los ciudadanos enfrentan problemas cotidianos, los partidos comienzan a ordenar sus piezas, medir fuerzas y preparar sus estructuras.
No hay nada irregular en que un partido organice a su militancia dentro de los plazos establecidos. El problema aparece cuando la competencia interna consume más energía que la atención a los ciudadanos, o cuando los cargos y las coordinaciones se convierten en fines personales antes que en instrumentos de servicio público.
En Nuevo León, la pregunta no es solamente quién quiere llegar a una alcaldía en 2027. La pregunta es qué ofrece cada aspirante, qué resultados puede acreditar y qué problemas está dispuesto a resolver. Las fotografías, los anuncios de registro y las declaraciones de lealtad partidista pueden abrir una conversación política, pero no sustituyen las propuestas ni los resultados.
Nos llevan también a la presentación del Libro de Lorenia Canavati Von Borstel “Las Olas”, su primer libro, una obra en la que recorre experiencias personales y episodios de su trayectoria pública para reflexionar sobre la participación ciudadana, la perseverancia y la capacidad de las personas para impulsar cambios en su comunidad. Lo interesante aquí fue ver a muchos grillos y políticos, entre ellos, la aparición de Dante Delgado líder de MC muy saludador de Héctor García que se habla que le llena el ojo a los naranjas para la gubernatura.
