La diputada federal Lilia Aguilar Gil, del Partido del Trabajo (PT), presentó una iniciativa para tipificar de manera autónoma el delito de reclutamiento forzado en el Código Penal Federal, con penas de hasta 25 años de prisión y sanciones de hasta 30 años cuando las víctimas sean menores de edad.
La propuesta plantea castigar con 15 a 25 años de cárcel y de mil a 2 mil días multa a quienes, mediante violencia física o moral, amenazas, engaños, coacción económica o aprovechándose de situaciones de extrema vulnerabilidad, obliguen, induzcan o incorporen a personas a grupos criminales para participar en delitos o realizar actividades de vigilancia, logística y otros servicios.
Cuando se trate de niñas, niños y adolescentes, la iniciativa contempla penas de 20 a 30 años de prisión y de 2 mil a 4 mil días multa para quienes los recluten, organicen, financien, induzcan, faciliten, obliguen o utilicen en actividades delictivas vinculadas con la delincuencia organizada.
En estos casos, no sería necesario acreditar el uso de violencia o engaño para configurar el delito, y el consentimiento de la persona menor de 18 años no eximiría de responsabilidad penal a quien la reclute.
La iniciativa también propone aumentar las penas hasta en una mitad cuando el responsable sea o haya sido servidor público de instituciones de seguridad pública, procuración de justicia, del sistema penitenciario o de las Fuerzas Armadas.
El incremento también se contempla cuando las víctimas pertenezcan a comunidades indígenas o afromexicanas, se encuentren en situación de movilidad humana, tengan alguna discapacidad o carezcan de capacidad para comprender el significado del hecho.
La propuesta, enviada a la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados, busca incorporar el capítulo XI, denominado “Reclutamiento Forzado y Utilización de Personas Menores de Edad en Actividades Delictivas”, al Código Penal Federal.
En la exposición de motivos, Aguilar Gil sostiene que el reclutamiento de personas por parte de organizaciones criminales representa una grave violación a los derechos humanos, particularmente cuando afecta a niñas, niños y adolescentes.
La legisladora señala que la legislación penal federal actualmente no contempla un tipo penal autónomo para sancionar específicamente el reclutamiento, por lo que estas conductas pueden perseguirse mediante figuras como la trata de personas, el secuestro o la corrupción de menores.
De acuerdo con los argumentos de la iniciativa, establecer un delito específico permitiría investigar y sancionar el reclutamiento desde su origen, además de fortalecer la protección jurídica de las víctimas y evitar que las personas menores de edad sean tratadas como responsables de conductas para las que fueron captadas o utilizadas por grupos criminales.
La propuesta también busca reforzar el principio del interés superior de la niñez, reconocido en el artículo 4 de la Constitución, y concentrar la responsabilidad penal en quienes reclutan, controlan o facilitan la incorporación de menores a estructuras delictivas.
La iniciativa permanece en el proceso legislativo correspondiente, por lo que las sanciones planteadas forman parte de una propuesta y no de una reforma que pueda darse por aprobada.
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