
Karina Barrón, exsecretaria de Desarrollo Humano de Monterrey y militante del PRI, denunciará ante la Fiscalía General del Estado a quienes resulten responsables de elaborar y difundir documentos que, según afirmó, utilizan su nombre sin autorización y la vinculan con un supuesto registro como aspirante a una diputación federal por Morena.
Previo al anuncio de las acciones legales, Barrón difundió un video en sus redes sociales para dar a conocer los hechos y rechazar públicamente que haya realizado, firmado o autorizado dicho registro. Más tarde, mediante un comunicado, detalló las medidas que emprenderá para esclarecer el origen de los documentos y determinar quiénes están detrás de su elaboración y difusión.
La priista sostuvo que no es la primera vez que enfrenta una situación de este tipo. Aseguró que semanas atrás circuló un supuesto oficio dirigido a la Presidencia de la República que también llevaba su nombre y que, afirmó, es falso.
Como parte de las acciones anunciadas, solicitará a la autoridad electoral competente que informe públicamente si existe algún registro a su nombre como aspirante a una diputación federal y, en caso afirmativo, quién lo presentó.
Barrón también denunció presuntas amenazas, vigilancia y persecución durante los últimos meses. Según su versión, estas situaciones han afectado la tranquilidad de su familia e incluso mencionó el supuesto uso de drones cerca de su domicilio.
“Mis hijos también están en riesgo y exijo que dejen de utilizar mi nombre para fines con los que no tengo nada que ver”, manifestó.
La exfuncionaria advirtió que ejercerá las acciones legales correspondientes contra quienes resulten responsables y responsabilizó a quienes estén detrás de estas acciones de cualquier daño que pudieran sufrir ella o sus hijos.
“No permitiré que decidan mi historia a base de mentiras. Esta vez voy a defenderme y llegaré hasta las últimas consecuencias por las vías legales para que se conozca la verdad”, concluyó.
La denuncia anunciada busca que las autoridades esclarezcan quién elaboró y difundió los documentos, así como determinar si existió alguna conducta ilegal. Por ahora, los señalamientos corresponden a la versión de Barrón y deberán ser investigados por las instancias competentes.
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