Ciudad de México.- La Organización de las Naciones Unidas (ONU) debe promover una respuesta internacional frente a las desapariciones en México mediante un mecanismo inédito que contempla consultas a Estados, expertos y víctimas, dijo el lunes a la Agencia Sputnik el defensor de derechos humanos Michael W. Chamberlin.
“No existe un procedimiento establecido, ni tampoco un precedente de este caso, que ahora puede generar la ONU”, consideró Chamberlin, quien integra una delegación de familiares de personas desaparecidas y organizaciones civiles que participa esta semana en los debates sobre el tema en la Tercera Comisión de la Asamblea General de la ONU, en Nueva York.
La iniciativa supone la primera aplicación del artículo 34 de la Convención, en vigor desde 2010, propuesta por el comité de la ONU integrado por expertos independientes.
La aplicación de este mecanismo fue solicitada en un informe del presidente del Comité contra la Desaparición Forzada, Juan Pablo Albán Alencastro, remitido en abril al secretario general de la ONU, António Guterres.
El caso de México plantea un desafío adicional: “definir cómo debe responder la Asamblea ante un tema de esta naturaleza”, opinó el entrevistado.
Chamberlin, presidente de Consultora Solidaria y miembro del Center for International Policy, con sede en Washington, acompaña a representantes de familiares de víctimas en busca de medidas internacionales para combatir la impunidad y fortalecer la búsqueda de las más de 130.000 personas desaparecidas que figuran en los registros oficiales mexicanos.
El defensor, quien durante tres décadas ha defendido a víctimas de abusos de autoridades civiles y militares, estima que la intervención del presidente del Comité contra la Desaparición Forzada, prevista para este martes en la sede de la ONU en Nueva York, abrirá el debate sobre la situación mexicana y los mecanismos internacionales que podrían aplicarse para atenderla.
PROCEDIMIENTO SIN PRECEDENTE
El asunto llega ahora a la Tercera Comisión de la ONU, encargada de cuestiones sociales, humanitarias y de derechos humanos, donde la discusión podría orientar la respuesta al caso de México y el tratamiento de situaciones futuras, afirmó el activista.
El comité decidió recurrir al artículo 34 de la Convención Internacional después de años de seguimiento, recomendaciones y diálogo con las autoridades mexicanas sobre desapariciones forzadas, en la que participan agentes del Estado por acción u omisión.
Ese artículo permite llevar una situación ante la Asamblea General cuando existen “indicios fundados de que las desapariciones forzadas se practican de forma generalizada o sistemática”, señaló.
El defensor aseguró que Guterres transmitió a los Estados miembros la información sobre la aplicación del artículo 34 y el informe que sustenta esa decisión con el fin de abrir el debate.
Chamberlin afirmó que el comité sigue la situación mexicana desde 2012 y ha documentado la persistencia de las desapariciones pese a reformas legales, cambios institucionales y medidas de política pública adoptadas por distintas administraciones.
Muchas de esas modificaciones respondieron a recomendaciones internacionales; sin embargo, no han conseguido revertir el problema ni reducir la impunidad.
“A pesar de esos cambios y esas mejoras a nivel legislativo, la situación no mejora”, prosiguió el experto.
Según su relato, la visita del comité a México en 2021 profundizó la preocupación de sus integrantes por la magnitud del fenómeno y la falta de acciones preventivas.
También mencionó como un retroceso la eliminación de un centro de identificación forense que había sido recomendado por expertos internacionales.
PARTICIPACIÓN DE VÍCTIMAS
La propuesta de familiares y defensores de víctimas consiste en que la Asamblea General nombre un grupo independiente para consultar a los Estados parte de la Convención, incluido México, sobre el procedimiento que se debería seguir al aplicar el artículo 34.
Chamberlin opinó que ha sido insuficiente la eficacia de la cooperación que México ya recibe en esta materia, mientras en el país permanecen sin identificar 52.000 cuerpos en los servicios médicos forenses y fosas comunes.
“Es un apoyo internacional que no rinde cuentas, que no tiene evaluaciones de impacto”, afirmó.
También consideró necesario consultar con especialistas y familiares de personas desaparecidas para identificar qué tipo de apoyo internacional puede contribuir a esclarecer los casos y combatir la impunidad.
A su juicio, la cooperación no ha abordado de manera suficiente la prevención ni las condiciones que permiten esta crisis de derechos humanos.
Asimismo, planteó que el objetivo de las consultas podría desembocar en una propuesta consensuada para su consideración de la Asamblea General, sin anticipar decisiones que dependen de las posiciones de los Estados.
Finalmente, Chamberlin advirtió sobre dos riesgos: “el silencio de países que mantienen relaciones de cooperación o comerciales con México y una confrontación política que bloquee alternativas favorables para las víctimas”.
La expectativa de las familias es que la máxima instancia deliberativa de la ONU genere propuestas que permitan sostener una discusión durante los próximos meses, evitar nuevos casos de impunidad y asegurar justicia y reparación para las víctimas. (Sputnik)
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