Chihuahua.- La gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, fijó su postura sobre las investigaciones que derivaron en la detención del exfiscal estatal César Jáuregui Moreno, luego de que el Gobierno federal lo vinculara con una presunta traición a la patria por la participación de agentes estadounidenses en un operativo antidrogas en la Sierra Tarahumara.
En un mensaje público, la mandataria estatal defendió la actuación de la Fiscalía de Chihuahua y aseguró que su administración abrió una investigación especializada para esclarecer los hechos ocurridos en el operativo de El Pinal, sin anticipar responsabilidades mientras avanzaban las indagatorias.
Campos recordó que el pasado 24 de abril, un día después de reunirse con el secretario de Seguridad federal para abordar el caso, anunció la creación de una unidad especializada dentro de la Fiscalía estatal, con el objetivo de investigar posibles delitos o faltas graves cometidos por servidores públicos y deslindar responsabilidades.
Según explicó, la investigación estatal concluyó su etapa inicial la semana pasada y derivó en la judicialización del caso por presuntos delitos del fuero común. Subrayó que corresponde al Poder Judicial determinar el curso del proceso.
La gobernadora también hizo una distinción entre la investigación estatal y la federal, al señalar que la Fiscalía General de la República judicializó una causa distinta, dentro del ámbito de sus atribuciones y a partir de sus propias indagatorias.
“Chihuahua atenderá cualquier solicitud de información o diligencia que la Federación requiera en el marco de la ley”, afirmó.
El pronunciamiento ocurre en medio de la controversia por la participación de agentes de inteligencia de Estados Unidos en el operativo de El Pinal, donde un accidente vehicular dejó cuatro personas muertas, entre ellas dos agentes estadounidenses y funcionarios de seguridad de Chihuahua.
Sobre la colaboración internacional en materia de seguridad, Campos sostuvo que esta es legítima y necesaria, pero debe realizarse mediante los canales institucionales y con estricto apego a la legislación mexicana.
La mandataria advirtió que, si las investigaciones arrojan nuevos hechos relacionados con el desempeño de funcionarios estatales, la Fiscalía de Chihuahua actuará dentro de sus competencias y proporcionará a las autoridades federales la información que le sea requerida.
“Nadie que haya servido en mi gobierno está por encima de la ley. En Chihuahua la ley se aplica sin distinción. Aquí no se protege a nadie ni se persigue a nadie”, sostuvo.
Finalmente, aseguró que su administración mantendrá el combate al crimen organizado y la cooperación con el Gobierno de México y sus socios internacionales, bajo el marco legal y con el objetivo de proteger a las familias chihuahuenses.
El caso mantiene abiertas dos vías judiciales: una estatal, relacionada con posibles delitos del fuero común, y otra federal, que incluye la acusación por presunta traición a la patria. La determinación de responsabilidades corresponderá a las autoridades judiciales.
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