Ciudad de México.- Las acusaciones sobre el manejo de las finanzas públicas y el costo que la modernización podría representar para los ciudadanos marcaron el debate en el Senado de la República, donde fue aprobada la Ley de Economía Digital para Pagos Digitales y Electrónicos. Mientras Morena y sus aliados defendieron la digitalización como una herramienta para ampliar la inclusión financiera y agilizar las operaciones comerciales, legisladores del PAN, PRI y Movimiento Ciudadano advirtieron sobre los gastos que podrían enfrentar los pequeños negocios y el riesgo de limitar el uso del efectivo en determinadas actividades.
El proyecto obtuvo 72 votos a favor y 34 en contra en lo general. En la discusión particular, las reservas presentadas por senadores del PAN, PRI y Morena fueron rechazadas, por lo que los artículos quedaron aprobados en los términos del dictamen, con 72 votos a favor y 37 en contra. La propuesta fue remitida al Ejecutivo Federal para los efectos constitucionales correspondientes.
Durante la discusión, el senador panista José Máximo García López acusó al gobierno de haber quebrantado las finanzas públicas mediante el gasto destinado a megaproyectos que calificó como inconclusos y obras sin utilidad. Sostuvo que la expansión de las operaciones digitales podría incrementar la intervención fiscal en las transacciones cotidianas y afectar el dinero disponible para las familias.
La priista Karla Guadalupe Toledo Zamora también cuestionó la iniciativa al advertir que los costos de la transición tecnológica podrían recaer en los pequeños comerciantes, quienes necesitan conexión a internet, terminales de pago y, en muchos casos, cubrir comisiones bancarias. Señaló que estos gastos representan una carga adicional para negocios que operan con márgenes reducidos y que no necesariamente cuentan con recursos para incorporar nuevas herramientas.
Desde Movimiento Ciudadano, el senador Francisco Daniel Barreda Pavón alertó sobre la posibilidad de que ciertos sectores y actividades queden sujetos exclusivamente a los pagos digitales. Advirtió que quienes carecen de una cuenta bancaria, acceso a internet o conocimientos para utilizar aplicaciones financieras podrían enfrentar dificultades para realizar operaciones básicas, una situación que, dijo, contradice el propósito de la inclusión financiera.
La legislación establece mecanismos para ampliar el uso de transferencias electrónicas, tarjetas de débito y crédito, códigos QR, tecnología de comunicación de campo cercano (NFC) y domiciliaciones. También incorpora la CURP Digital y el Expediente Digital Ciudadano como instrumentos para facilitar la contratación de servicios financieros.
Uno de los puntos centrales del proyecto es que los tres órdenes de gobierno y los proveedores de servicios adopten medidas para aceptar transacciones digitales. Además, faculta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para determinar los sectores estratégicos en los que únicamente se aceptará esta modalidad de pago, una disposición que alimentó las preocupaciones sobre las alternativas disponibles para los usuarios.
El dictamen contempla excepciones para situaciones de contingencia que afecten temporalmente la disponibilidad de los sistemas, durante las cuales podrá recurrirse al efectivo o al cheque. También otorga facultades al Banco de México para desarrollar herramientas que faciliten las transferencias electrónicas, homologar aplicaciones de servicios financieros y establecer infraestructura que favorezca el acceso de la población a estos servicios.
En defensa de la propuesta, el presidente de la Comisión de Economía, Emmanuel Reyes Carmona, afirmó que la digitalización puede modernizar el sistema financiero, fortalecer a las micro, pequeñas y medianas empresas y mejorar sus posibilidades de acceder al crédito formal.
Por su parte, el presidente de la Comisión de Estudios Legislativos Primera, Manuel Huerta Ladrón de Guevara, sostuvo que la ley no obliga a realizar todas las operaciones exclusivamente por medios digitales, sino que permite a Hacienda definir los sectores en los que se aplicará. Añadió que la implementación será gradual y que se contemplan excepciones ante contingencias.
El senador de Morena Heriberto Marcelo Aguilar Castillo insistió en que la reforma no busca eliminar el efectivo, sino ampliar las opciones de pago para las familias, facilitar las compras y ofrecer nuevas oportunidades a los pequeños comerciantes. En tanto, la senadora del PVEM Juanita Guerra Mena defendió el aprovechamiento de la innovación tecnológica para modernizar los trámites públicos y ampliar la inclusión financiera.
Sin embargo, el debate dejó sobre la mesa interrogantes que deberán resolverse durante la aplicación de la ley: cuánto costará a los pequeños establecimientos incorporar estos mecanismos, qué alternativas tendrán las personas sin acceso a servicios bancarios y qué garantías existirán para evitar que las fallas tecnológicas impidan realizar pagos indispensables.
La digitalización puede reducir tiempos y facilitar las operaciones, pero su alcance dependerá de la infraestructura disponible, los costos de los servicios y la capacidad de las autoridades para evitar que la transición amplíe las desigualdades. La aprobación legislativa abre paso a un nuevo esquema de pagos; sus resultados tendrán que medirse no solo por el número de operaciones electrónicas, sino también por sus efectos sobre los consumidores y los negocios de menor tamaño.
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