Nuevo León: denuncias pendientes, deuda millonaria y políticos reciclados
La política de Nuevo León tiene una memoria muy conveniente: se anuncian denuncias que no llegan a la Fiscalía, se presentan presupuestos con miles de millones de pesos en deuda y reaparecen personajes cuyo paso por el servicio público dejó antecedentes que los ciudadanos no deberían olvidar. Tres asuntos distintos, pero con un denominador común: la obligación de responder por lo que se dice, por lo que se decide y por lo que se hizo.
Karina Barrón anunció que acudiría a la Fiscalía de Nuevo León para denunciar el uso de su nombre en un supuesto registro relacionado con Morena. También habló de amenazas y de riesgos para sus hijos. Sin embargo, al preguntarle directamente al fiscal Javier Flores Saldívar si ya había presentado la denuncia, la respuesta fue que hasta ese momento no tenían conocimiento de que lo hubiera hecho.
La pregunta es inevitable: ¿dónde quedó la denuncia? Si los hechos son tan graves como se plantearon públicamente, corresponde aportar las pruebas y formalizar los señalamientos. Nadie debe dar por falsas sus declaraciones sin investigar, pero tampoco puede exigirse justicia únicamente desde los micrófonos. La Fiscalía tiene las puertas abiertas, dijo el fiscal. Ahora falta saber si Karina Barrón acudirá a ellas.
Mientras tanto, el Gobierno estatal ya puso sobre la mesa su proyecto de presupuesto para 2027: 177 mil 939 millones de pesos y una solicitud de deuda de hasta 9 mil 690 millones, además de otros 2 mil 707 millones para infraestructura de Agua y Drenaje. La promesa es que no habrá nuevos impuestos. Bien, pero eso no responde la pregunta fundamental: ¿cuánto costará comprometer más recursos públicos y qué beneficios concretos recibirá Nuevo León a cambio?
El proyecto todavía debe revisarse antes de su presentación formal, prevista para el 20 de noviembre. Por eso resulta difícil entender que las bancadas del PRI y del PAN no acudieran a la reunión donde se expusieron las cifras. Si hay cuestionamientos que hacer, ese era el momento. La deuda no se combate con una silla vacía, sino revisando números, exigiendo explicaciones y proponiendo alternativas. Los ciudadanos necesitan saber no solo cuánto pretende endeudarse el Gobierno, sino cómo piensa pagar y qué resultados garantizará.
Y en Santa Catarina, Jesús Nava vuelve a dar motivos para preguntarse qué entiende por renovación política. A su administración se incorpora el exalcalde panista Gabriel Navarro, junto con otros expanistas y representantes ciudadanos. El problema no es que alguien cambie de partido o se sume a otro proyecto; el problema es pretender que el pasado desaparece con un nombramiento.
Cuando se incorpora a un exalcalde cuyo paso por el gobierno dejó antecedentes cuestionados, la pregunta no es únicamente qué puesto ocupará, sino qué méritos justifican su regreso y qué garantías existen de que no se repetirán los errores del pasado. Nava tiene la responsabilidad de explicar por qué considera conveniente sumar a su equipo a un personaje con esa trayectoria. La ciudadanía tiene derecho a exigir memoria y rendición de cuentas, no una amnesia política conveniente.
