La gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, y la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, protagonizaron un nuevo episodio de tensión política luego de revelar versiones encontradas sobre la reunión privada que sostuvieron el pasado 19 de septiembre en Ciudad Juárez, donde discutieron sobre la participación de agentes de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) de Estados Unidos en un operativo contra el narcotráfico.
Este viernes, ambas mandatarias reconocieron que durante el encuentro elevaron la voz y se hicieron reclamos relacionados con la seguridad, las acusaciones de traición a la patria y las responsabilidades por la presencia de agentes extranjeros en territorio mexicano.
Campos describió la conversación como una reunión “muy fuerte, muy tensa”, con reproches mutuos. En entrevistas con medios de comunicación, aseguró que Sheinbaum le cuestionó el ingreso de los agentes estadounidenses y que ella respondió que durante semanas había enfrentado señalamientos públicos que consideró injustificados.
La gobernadora sostuvo que no tenía conocimiento de la participación de los agentes de la CIA y atribuyó la planeación del operativo al entonces fiscal estatal, César Jáuregui Moreno, y al comandante de la Agencia Estatal de Investigación, Pedro Román Zuany. También rechazó que se le responsabilizara directamente por decisiones que, según su versión, no conocía.
Sheinbaum ofreció una reconstrucción distinta de la conversación. Explicó que Campos inició el intercambio con reclamos por las acusaciones de traición a la patria y que, al abordar el operativo, la gobernadora señaló al entonces fiscal como responsable. La presidenta insistió en que cualquier posible violación a la legislación debe investigarse y que las responsabilidades deben determinarse conforme a derecho.
Otro de los momentos de mayor tensión estuvo relacionado con la expresión “la presidenta de la muerte”, que Campos reconoció haber utilizado para referirse a Sheinbaum. La gobernadora dijo que ofreció una disculpa durante la reunión, aunque mantuvo sus críticas sobre la situación de seguridad y la respuesta de las autoridades federales en regiones de Chihuahua.
El intercambio también alcanzó a Ariadna Montiel Reyes, presidenta nacional de Morena. De acuerdo con los relatos difundidos por ambas mandatarias, Campos señaló presuntos vínculos de la dirigente partidista con el crimen organizado. Sheinbaum respondió que, si existen pruebas, deben presentarse ante las autoridades. Hasta el momento, esos señalamientos no constituyen hechos acreditados judicialmente.
La disputa se produce en medio de las investigaciones por el operativo realizado en abril en la Sierra de Chihuahua, donde fueron localizados agentes estadounidenses cuya participación generó cuestionamientos sobre la autorización y coordinación de actividades de seguridad entre México y Estados Unidos. El caso derivó también en un proceso judicial contra el exfiscal César Jáuregui, señalado por su presunta responsabilidad en delitos relacionados con esos hechos.
Campos advirtió que no desea convertir las diferencias en una confrontación pública permanente y reconoció que entrar en una disputa de declaraciones con la titular del Ejecutivo federal sería complicado. Sin embargo, volvió a cuestionar la versión presidencial sobre algunos aspectos de la reunión y afirmó que su prioridad es ofrecer resultados a los habitantes de Chihuahua.
Por su parte, Sheinbaum ha sostenido que la coordinación institucional con el gobierno estatal debe continuar, sin que ello impida investigar posibles irregularidades. La presidenta ha señalado que las diferencias políticas no eximen a ningún funcionario de responder por eventuales conductas contrarias a la ley.
La reunión del 19 de septiembre había sido presentada inicialmente por ambas partes como un encuentro para mejorar la comunicación y mantener la coordinación entre los gobiernos federal y estatal. Las declaraciones difundidas este viernes revelaron, sin embargo, la dimensión de los desacuerdos que permanecían detrás de ese mensaje institucional.
El caso mantiene abiertos dos frentes: el esclarecimiento de la participación de agentes estadounidenses en el operativo y la confrontación política entre ambas administraciones. La determinación de responsabilidades dependerá de las investigaciones y de las pruebas que presenten las autoridades competentes.
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