La Fiscalía General de la República (FGR) aclaró que la suspensión definitiva concedida al exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, no representa el fin del proceso penal que enfrenta por su presunta participación en operaciones relacionadas con el contrabando de hidrocarburos.
Mediante un comunicado, la institución precisó que el exmandatario continúa vinculado a proceso y que las investigaciones ministeriales siguen en curso, pese a la resolución judicial emitida el pasado 29 de octubre por una jueza federal.
La suspensión fue concedida dentro del juicio de amparo 1085/2026, promovido por Ruffo Appel contra el auto de vinculación a proceso que le fue dictado en julio. Sin embargo, la medida no equivale a una absolución ni elimina las imputaciones que enfrenta.
De acuerdo con la explicación de la Fiscalía, el efecto de la resolución consiste en detener temporalmente el avance del procedimiento penal una vez concluida la etapa intermedia, por lo que no podrá comenzar el juicio oral hasta que se resuelva el amparo.
La determinación fue emitida por Azucena Lazalde Íñiguez, titular del Juzgado Segundo de Distrito en Materia Penal en el Estado de México, con residencia en Toluca.
El caso está relacionado con una investigación sobre presuntas operaciones irregulares de importación de combustibles mediante ferrotanques, mecanismo que habría sido utilizado para introducir gasolina y diésel al país sin cumplir con las obligaciones fiscales correspondientes.
En las indagatorias, la FGR ha señalado posibles vínculos empresariales del exgobernador con Ingemar, compañía relacionada con las operaciones bajo investigación. La dependencia ha referido que cuenta con dictámenes periciales, entrevistas, diligencias ministeriales y análisis de información financiera para sustentar sus imputaciones.
Ruffo Appel fue detenido el 16 de julio de 2026 y posteriormente vinculado a proceso. El exmandatario ha rechazado las acusaciones y su responsabilidad penal deberá determinarse ante las instancias judiciales.
En cuanto a su situación personal, el 26 de septiembre salió del penal federal del Altiplano y fue trasladado a Ensenada, Baja California, donde continúa bajo la medida cautelar de prisión preventiva domiciliaria, luego de que un juez autorizara el cambio por razones relacionadas con su edad y estado de salud.
La suspensión definitiva no modifica por sí misma esa medida cautelar, ni implica que la Fiscalía haya desistido de la investigación.
Por ahora, el procedimiento permanecerá detenido antes de la apertura del juicio oral, mientras la autoridad judicial resuelve el amparo promovido por el exgobernador. La FGR, por su parte, reiteró que continuará con las indagatorias del caso.
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