A partir de este martes 3 de noviembre, las escuelas públicas y particulares de México comenzarán a aplicar la nueva regulación federal que restringe el uso de teléfonos celulares y dispositivos electrónicos personales durante la jornada escolar, una disposición que busca reducir las distracciones en las aulas y recuperar la convivencia entre estudiantes.
La medida fue establecida mediante el Acuerdo 09/09/26, publicado en el Diario Oficial de la Federación el pasado 22 de septiembre, y contempla disposiciones diferenciadas para educación básica, media superior y superior.
En educación básica, que comprende educación inicial, preescolar, primaria y secundaria, los teléfonos celulares no podrán utilizarse durante la jornada escolar, tanto en los salones de clase como durante los recreos. Los dispositivos podrán permanecer guardados, pero su utilización estará restringida, salvo en situaciones de emergencia, necesidades particulares o actividades pedagógicas previamente planeadas y orientadas por los docentes.
La disposición también alcanza a los planteles particulares, por lo que no se limita a las escuelas públicas. Las autoridades educativas de las 32 entidades federativas participaron en el acuerdo que dio origen a esta regulación.
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo explicó que el propósito es disminuir el uso indiscriminado de pantallas, particularmente cuando están vinculadas con redes sociales, y favorecer el desarrollo de habilidades cognitivas, la creatividad y la interacción personal entre niñas, niños y adolescentes.
Por su parte, el secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, sostuvo que la medida pretende recuperar la convivencia en los patios escolares, las conversaciones entre compañeros y la concentración durante las actividades académicas.
La aplicación, sin embargo, no será idéntica en todos los niveles educativos. En educación media superior, cada institución deberá establecer sus propias reglas mediante acuerdos con su comunidad escolar, tomando en cuenta sus características y necesidades. En educación superior se promoverá el uso crítico, responsable y seguro de la tecnología, respetando la autonomía de las universidades.
El acuerdo contempla que las autoridades educativas estatales deberán emitir o armonizar los instrumentos jurídicos correspondientes dentro de los 180 días naturales posteriores a su entrada en vigor. Además, se estableció un proceso de asambleas informativas con madres, padres de familia, tutores y comunidades escolares para dar a conocer las disposiciones y facilitar su implementación.
Con este cambio, las escuelas mexicanas entran en una nueva etapa en la regulación de los dispositivos personales. El reto para directivos, maestros y familias será aplicar las restricciones sin perder de vista que la tecnología también puede ser una herramienta de aprendizaje cuando se utiliza con objetivos educativos y bajo supervisión.
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