La Comisión Estatal de Derechos Humanos de Nuevo León (CEDHNL) acreditó que una médica residente de la especialidad de Neumología del Hospital Metropolitano Dr. Bernardo Sepúlveda fue víctima de violencia de género por parte de su profesor titular, quien presuntamente utilizó su posición jerárquica para desacreditar reiteradamente su capacidad profesional, imponerle cargas de trabajo injustificadas y generar en ella una percepción de incompetencia.
De acuerdo con la investigación del organismo, la médica acudió a distintas instancias del hospital para denunciar las conductas, sin que la Secretaría de Salud implementara medidas eficaces para detener la situación.
La Comisión determinó que estos hechos vulneraron los derechos de la residente a una vida libre de violencia y a la integridad personal, al considerar que las prácticas denunciadas rebasaron los límites de una relación académica y de formación profesional.
Uno de los aspectos señalados por la CEDHNL fue la utilización de las llamadas «guardias de castigo», una práctica que no tiene cabida en la formación de especialistas médicos. La normativa que regula las residencias establece que las jornadas de guardia deben ajustarse exclusivamente a lo previsto en el programa operativo correspondiente.
Al respecto, la presidenta de la Comisión, Susana Méndez Arellano, advirtió que las jerarquías académicas no deben convertirse en mecanismos de humillación o violencia contra quienes se encuentran en proceso de especialización.
“Las residencias médicas forman a quienes mañana cuidarán la salud de la población. Cuando la jerarquía académica se convierte en instrumento de humillación, el daño alcanza a la persona residente y, con ella, a la calidad de la atención médica”, puntualizó.
Ante las irregularidades acreditadas, la CEDHNL emitió una recomendación dirigida a la Secretaría de Salud de Nuevo León, en la que solicita garantizar atención psicológica gratuita, inmediata y accesible para la víctima, así como iniciar los procedimientos de responsabilidad administrativa correspondientes contra el personal médico involucrado.
Asimismo, pidió implementar cursos obligatorios de profesionalización sobre el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia y establecer colaboración con la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas para garantizar el acompañamiento correspondiente.
La dependencia estatal cuenta con un plazo de diez días hábiles para informar si acepta la recomendación.
El caso vuelve a colocar bajo atención las condiciones en las que se desarrollan las residencias médicas, particularmente la necesidad de garantizar espacios de formación profesional libres de violencia, hostigamiento y prácticas de castigo que vulneren la dignidad de quienes buscan especializarse.
eitmedia.mx
