El poder bajo sospecha: Trump, el INE y el agua que Nuevo León vuelve a compartir
Hay derrotas electorales que no terminan cuando se cierran las urnas. En Estados Unidos, Donald Trump acaba de enfrentar un revés que podría convertirse en el principio de una etapa mucho más incómoda para su gobierno. Con los demócratas tomando el control del Congreso, se abre la posibilidad de revisar asuntos que durante el dominio republicano encontraron pocos obstáculos: los negocios de su familia, los posibles conflictos de interés, los indultos presidenciales y las relaciones entre intereses privados y decisiones públicas.
Los reflectores apuntan a Donald Trump Jr., Eric Trump y Jared Kushner, cuyos negocios e inversiones podrían quedar bajo escrutinio legislativo. También aparecen los contratos y donaciones relacionados con proyectos de la Casa Blanca y el manejo de expedientes políticamente delicados, como el caso Jeffrey Epstein. No significa que ya exista una condena ni que todas las sospechas estén demostradas, pero sí que el presidente tendrá que responder preguntas que antes podía esquivar con mayor facilidad. Y aquí está lo verdaderamente importante: ningún gobernante debería estar por encima de la rendición de cuentas, mucho menos cuando los intereses de su familia pueden cruzarse con los del gobierno.
En México tampoco faltan motivos para exigir explicaciones. La Unidad de Inteligencia Financiera anunció acciones preventivas contra 25 personas físicas y 15 empresas relacionadas con operaciones financieras que presentan elementos de riesgo y que estarían vinculadas con proveedores del ámbito electoral. Son 40 personas y entidades incorporadas a la Lista de Personas Bloqueadas, además de una denuncia ante la Fiscalía General de la República.
Alrededor del caso han surgido versiones que mencionan a trabajadores del Instituto Nacional Electoral, a empresas proveedoras y hasta a su consejera presidenta, Guadalupe Taddei. Pero hay que decirlo con claridad: la autoridad no ha publicado los nombres y tampoco ha confirmado oficialmente que Taddei esté entre las personas señaladas. No se puede condenar a nadie por un trascendido, pero tampoco se puede pretender que un asunto de esta naturaleza pase inadvertido. Si existen operaciones sospechosas relacionadas con proveedores electorales, la ciudadanía tiene derecho a saber quiénes son, qué contratos obtuvieron, cómo fueron asignados y si hubo funcionarios que intervinieron en esas decisiones.
El INE no es una oficina cualquiera. Es la institución encargada de organizar elecciones y proteger la confianza ciudadana en el voto. Por eso, cualquier sombra sobre sus funcionarios o proveedores merece una explicación puntual. La transparencia no puede exigirse solamente a los adversarios políticos; debe comenzar en casa. Y si no hay responsabilidades, que se demuestre; pero si las hay, que se investiguen hasta sus últimas consecuencias.
Y mientras en Washington se preparan para revisar los negocios de una familia presidencial y en México se encienden las alertas alrededor de proveedores electorales, en Nuevo León volvemos a celebrar una obra que, sin duda, representa una nueva posibilidad para fortalecer el abastecimiento de agua: la Presa León ya comenzó a incorporarse al sistema que lleva líquido a Monterrey. El gobierno de Samuel García presume una aportación inicial de mil 600 litros por segundo y la posibilidad de aumentar el suministro conforme a las condiciones de operación. Es una infraestructura importante, especialmente después de la crisis que vivió el estado hace apenas unos años.
Pero tampoco aquí debemos conformarnos con los discursos triunfalistas. ¿De qué sirve anunciar nuevas presas, acueductos y capacidad de almacenamiento si la ciudadanía sigue sin tener certeza sobre el futuro del agua? ¿Quién garantiza que las decisiones federales respetarán las necesidades de Nuevo León y que la planeación estatal no terminará dependiendo de acuerdos que se toman lejos de quienes padecen la escasez?
La preocupación no es gratuita. Este 4 de noviembre se reportó la autorización de un trasvase de 160 millones de metros cúbicos desde la presa El Cuchillo hacia la Marte R. Gómez, en Tamaulipas, con fundamento en el acuerdo de 1996. Es decir, mientras el Gobierno estatal presume una mayor infraestructura y celebra la recuperación de sus embalses, nuevamente surge la discusión sobre cuánta agua debe permanecer disponible para los habitantes de Nuevo León y cuánta se destinará a otros usos y entidades. No se trata de desconocer los compromisos entre estados ni las necesidades agrícolas de Tamaulipas; se trata de exigir que la prioridad del consumo humano y la seguridad hídrica de nuestra zona metropolitana estén verdaderamente garantizadas.
Samuel García puede entregar una presa, abrir una válvula y presumir cifras, pero su responsabilidad no termina con la inauguración. También debe explicar qué capacidad real tendrá Nuevo León para conservar y administrar el recurso, cómo se protegerá el suministro futuro y qué margen de decisión tiene el estado frente a la Conagua. Porque llenar las presas para después discutir quién dispone del agua no puede convertirse en una historia que se repita cada temporada.
