La falta de atención al presunto acoso escolar y una serie de omisiones administrativas terminaron por dejar a un adolescente fuera de la secundaria pública donde estudiaba en el municipio de El Carmen, Nuevo León. El caso llevó a la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDHNL) a emitir la Recomendación 25/2026 contra la Secretaría de Educación estatal.
El organismo acreditó vulneraciones al interés superior de la niñez, al derecho a la educación y al derecho a vivir libre de violencia en el entorno escolar, luego de revisar los hechos denunciados por una madre desde febrero de 2024.
La mujer acudió a la Comisión para solicitar que su hijo pudiera continuar en la escuela de su colonia, donde cursaba segundo grado y había alcanzado el segundo lugar de aprovechamiento de su grupo. Según su denuncia, el adolescente había sufrido humillaciones desde el primer año escolar.
El 13 de febrero de 2024 ocurrió un altercado con una compañera durante un cambio de hora, cuando el grupo permanecía sin personal docente en el salón. La escuela recabó algunas relatorías escritas, determinó que el adolescente había sido el agresor y decidió cambiarlo de grupo, sin investigar de manera integral las denuncias de acoso que habían presentado él y su madre.
La Comisión también documentó que la atención psicológica ofrecida por escrito nunca se concretó. Veintisiete días después del incidente, el estudiante fue dado de baja junto con su hermana para ingresar a otra secundaria, ubicada lejos de su domicilio.
Para la CEDHNL, el cambio de plantel no puede considerarse una decisión plenamente libre, sino una consecuencia de la falta de respuesta de las autoridades educativas ante la situación denunciada.
Entre las irregularidades identificadas se encuentra que la secundaria no contaba con el personal de psicología o trabajo social previsto en la legislación estatal. Tampoco se acreditó la existencia de un programa de prevención, una brigada escolar ni mecanismos adecuados para detectar oportunamente situaciones de acoso.
Además, la investigación se concentró en un solo episodio, sin examinar la versión del adolescente ni los señalamientos de hostigamiento reiterado. La Comisión tampoco encontró constancias de documentos y registros que exige el protocolo para atender estos casos, como el acta de hechos y la ficha de canalización.
La CEDHNL aclaró que su recomendación no determina la responsabilidad individual de los adolescentes involucrados, sino que evalúa la actuación de las autoridades educativas y su obligación de proteger, investigar y acompañar a los estudiantes.
Por estos hechos, reconoció al menor como víctima directa y a su madre como víctima indirecta. Entre las medidas solicitadas a la Secretaría de Educación están dar vista al órgano interno de control para iniciar los procedimientos administrativos correspondientes, proporcionar atención psicológica gratuita y verificar la situación escolar del adolescente para garantizar que continúe sus estudios en un entorno libre de violencia.
También pidió capacitar al personal del plantel, comprobar el cumplimiento de la Ley para Prevenir, Atender y Erradicar el Acoso y la Violencia Escolar de Nuevo León, y garantizar la supervisión del alumnado durante los cambios de hora.
La Secretaría de Educación cuenta con 10 días hábiles, a partir del día siguiente a la notificación, para informar si acepta la Recomendación 25/2026.
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