¿Hasta cuándo seguirá Nuevo León entregando su agua? El convenio de 1996 exige una revisión de fondo
Hay decisiones que un gobierno no puede seguir justificando únicamente con el argumento de que así lo establece un convenio. Y cuando se trata del agua, un recurso indispensable para la vida, el desarrollo y el futuro de Nuevo León, la obligación de explicar y defender los intereses de los ciudadanos debería estar por encima de cualquier comodidad política.
Una vez más, Nuevo León vuelve a entregar agua a Tamaulipas. Este 10 de noviembre comenzó el trasvase de 160 millones de metros cúbicos desde la presa El Cuchillo hacia la Marte R. Gómez, para abastecer principalmente las necesidades de riego del Distrito 026. La Comisión Nacional del Agua sostiene que las condiciones actuales permiten realizar la operación sin poner en riesgo el suministro de la Zona Metropolitana de Monterrey. Sin embargo, la pregunta que muchos nuevoleoneses se hacen es inevitable: ¿quién garantiza que mañana no volveremos a enfrentar una emergencia?
El problema tiene nombre y fecha: un acuerdo firmado en 1996, hace tres décadas, cuando las condiciones demográficas, económicas y de demanda de agua eran muy distintas a las actuales. Un convenio que regula el aprovechamiento de las aguas del río San Juan y que establece criterios para determinar cuándo procede el trasvase. Pero hay algo que debe quedar claro: no se trata de un contrato que tenga una fecha de vencimiento automática después de 30 años. No existe, en los términos conocidos del acuerdo, una fecha específica en la que simplemente deje de tener efecto. Y precisamente por eso resulta urgente discutir su revisión, modificación o sustitución.
¿Acaso Nuevo León está condenado a cumplir indefinidamente una disposición que fue acordada hace tanto tiempo, sin que sus autoridades planteen una actualización que considere el crecimiento de la población, las nuevas necesidades industriales y la seguridad hídrica de las próximas generaciones?
No olvidemos lo que ocurrió en 2022. Nuevo León atravesó una de las crisis de agua más severas de su historia reciente. Hubo cortes, suministro por horarios, largas filas para conseguir agua y familias que tuvieron que modificar su vida cotidiana para enfrentar la escasez. El 2 de febrero de aquel año, el Gobierno estatal publicó una declaratoria de emergencia por sequía. La crisis fue tan grave que el abastecimiento de agua potable se convirtió en una de las principales preocupaciones de la población.
Es cierto que el Gobierno federal anunció medidas de apoyo para enfrentar aquella emergencia, entre ellas acciones para fortalecer la infraestructura hidráulica y la construcción de la presa Libertad. Pero también quedó una sensación entre muchos habitantes de Nuevo León: cuando faltó el agua, la solidaridad entre estados no se manifestó de la manera que hoy se exige a nuestra entidad cuando llega el momento de cumplir con el trasvase.
Y aquí no se trata de desconocer las necesidades de los agricultores de Tamaulipas ni de enfrentar a dos comunidades que también dependen del agua para vivir y producir. Se trata de exigir reciprocidad, reglas actualizadas y una distribución que no coloque a Nuevo León en una posición de vulnerabilidad. El agua de una cuenca debe administrarse con responsabilidad, pero también con visión de futuro.
Hoy las autoridades federales aseguran que hay reservas suficientes. El Cuchillo cuenta con almacenamiento para realizar la transferencia y Conagua sostiene que el abasto metropolitano está garantizado. Sin embargo, tener agua hoy no significa que el problema esté resuelto para siempre. Las lluvias pueden variar, la población seguirá creciendo y la demanda no se detendrá. La seguridad hídrica no puede medirse únicamente con una fotografía de los niveles de las presas en noviembre.
Por eso la pregunta también tiene que dirigirse al gobernador Samuel García Sepúlveda. ¿Qué está haciendo realmente para revisar el convenio de 1996? ¿Ha solicitado formalmente a la Conagua una renegociación de sus condiciones? ¿Ha acudido a la Ciudad de México para plantear ante la Federación que Nuevo León necesita nuevas reglas de distribución? ¿Por qué no se presenta una propuesta pública, técnica y jurídica para modificar un acuerdo que tiene 30 años y que fue firmado bajo circunstancias muy diferentes?
El mandatario debe hablar con claridad. No basta con expresar inconformidad cuando se anuncia un trasvase ni con señalar que se buscarán condiciones distintas. Los ciudadanos necesitan conocer qué se ha negociado, qué se ha solicitado y cuáles son los resultados. Si el Gobierno estatal considera que el convenio ya no responde a las necesidades actuales, debe explicar qué pasos legales y administrativos está dispuesto a emprender para cambiarlo.
También corresponde a los representantes de Nuevo León en el Congreso, a los organismos operadores y a los especialistas en materia hídrica participar en una discusión seria. No se trata de cerrar las llaves por una reacción política, sino de revisar los criterios, las cantidades, las condiciones de almacenamiento, las responsabilidades de cada entidad y las garantías para el consumo humano.
Treinta años son suficientes para entender que las circunstancias cambiaron. Nuevo León ya vivió lo que significa quedarse sin agua. No puede darse el lujo de olvidar aquella crisis ni de esperar a que vuelva a ocurrir para exigir explicaciones.
El agua no es un asunto de colores partidistas ni de discursos entre gobernadores. Es patrimonio estratégico, es desarrollo y es tranquilidad para millones de personas.
Si el convenio de 1996 no tiene una fecha de vencimiento, entonces que se abra de una vez la discusión para actualizarlo. Y si Samuel García está convencido de que Nuevo León tiene que defender sus reservas, que lo demuestre con una gestión firme ante la Conagua y el Gobierno federal.
Porque una cosa es compartir responsablemente un recurso natural y otra muy distinta es seguir aplicando reglas de hace tres décadas sin preguntarse si todavía responden a las necesidades de quienes viven hoy en Nuevo León.
La pregunta sigue en el aire: ¿hasta cuándo?
