Bogotá.- El 9 de noviembre, el presidente Abelardo De la Espriella tomó un marcador blanco y escribió “Bienvenidos a la Patria Milagro” sobre una bomba destinada a una operación contra las disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en Norte de Santander.
Dicha imagen resume como pocas sus primeros 100 días como presidente de Colombia, un periodo en el que la seguridad ha sido el núcleo de la gestión, acompañada de un marcado componente de espectáculo.
El 11 de septiembre, poco más de un mes después de posesionarse, el nuevo Gobierno dio por terminados los procesos de diálogo y espacios sociojurídicos heredados de la llamada Paz Total, entre ellos los abiertos con el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y distintas estructuras disidentes.
Mario Ureña, analista político y docente de la Universidad de La Salle, relaciona esa exposición con el estilo que De la Espriella consolidó antes de llegar a la Presidencia.
“Hace parte de la personalidad del presidente De la Espriella, quien desde que se convirtió en un abogado famoso se ha caracterizado por ser un showman. Es parte de lo que se conoce como la vedetización de la política, que consiste en exhibir más que mostrar resultados; es decir, convertir acciones estatales modestas en grandes espectáculos rodeados de una gran parafernalia”, explicó Ureña a la Agencia Sputnik.
De la Espriella ha convertido la seguridad en el eje central de su identidad presidencial. Antes de firmar la bomba en Tibú, se mostró caminando frente a cadáveres tras una operación en Guaviare, mientras videos de capturas, bombardeos y decomisos se multiplican en los canales oficiales.
María Lucía Jaimes Bohórquez, experta en política y gestión pública en América Latina y docente de la Universidad Externado, advirtió a la Agencia Sputnik sobre el riesgo de que la puesta en escena termine imponiendo la forma de medir los resultados.
“El presidente busca transmitir una imagen de autoridad presente. Sin embargo, existe el riesgo de que la espectacularización de las operaciones militares termine convirtiendo las capturas, los bombardeos y las bajas en indicadores de éxito por sí mismos”, alertó.
En su opinión, el verdadero balance no debería medirse por la cantidad de operaciones ni por su impacto mediático, sino por la reducción de homicidios, extorsiones, desplazamientos y reclutamiento de menores, así como por la recuperación efectiva de los territorios.
TERREMOTO Y EJECUCIÓN
El terremoto del 10 de agosto, que afectó a gran parte del oeste colombiano, puso a prueba la promesa de agilidad con la que el mandatario llegó al poder.
El sismo de magnitud 7,4 dejó 776.119 personas afectadas, 104.049 viviendas inhabitables y 19.149 destruidas, además de daños en más de 4.400 establecimientos educativos y 406 centros de salud, con un costo de recuperación estimado en 58,29 billones de pesos (aproximadamente 17.600 millones de dólares).
El Fondo Milagro fue concebido como un patrimonio autónomo para centralizar recursos y evitar que la reconstrucción quedara atrapada en la burocracia ordinaria. Por ello, el presidente celebró que el mecanismo comenzara a operar en seis semanas y anunció una primera partida de 624.656 millones de pesos (unos 189 millones de dólares) procedentes de un crédito del Banco Mundial.
Tres meses después, sin embargo, el Fondo reportaba procesos contractuales por 7.440 millones de pesos (unos 2,2 millones de dólares) frente a la partida aprobados para intervenciones urgentes. Esos procesos se concentraron en demoliciones e interventorías en Pereira y Cali, y la cifra no equivalía necesariamente a fondos desembolsados ni a obras finalizadas.
Alejandro Chala, politólogo de la Universidad Nacional, considera que las dificultades del Fondo reflejan un problema estructural de capacidad operativa que va más allá de la cualificación de los funcionarios nombrados.
“Es evidente que hay un problema fuerte que no se explica solo por la experticia, como se le cuestionó al Gobierno anterior. Por el contrario, es una tecnocracia que choca con la realidad de que la ejecución de recursos y el cumplimiento del programa de gobierno toman mucho más tiempo del previsto”, indicó Chala a esta agencia.
La escasa ejecución reportada y las demandas de alcaldes y gobernadores evidencian que la creación del instrumento y la disponibilidad de recursos no bastan para iniciar una reconstrucción de la magnitud que exige el desastre.
“Esto no solo se debe a la burocracia, sino a que también involucra voluntades políticas y, en cierta medida, puede convertirse en una fachada para la comisión de irregularidades, como ya empieza a observarse con los cuestionamientos en torno a los recursos del Fondo Milagro y las donaciones recibidas por la fundación de la primera dama”, agregó.
GOBERNABILIDAD
De la Espriella inició su mandato con ocho partidos declarados de gobierno y cerca de 141 congresistas. Conservadores, liberales, Cambio Radical, La U y el Centro Democrático conformaban una mayoría considerable; sin embargo, desde el principio quedó claro que pertenecer a la coalición no garantizaba una bancada disciplinada.
Si bien la Ley de Sometimiento demostró cohesión cuando la agenda coincidió con la seguridad, el presupuesto de 2027 evidenció profundas grietas. La Cámara y el Senado aprobaron versiones distintas que no lograron conciliarse en el plazo legal, lo que obligó al Ejecutivo a expedir por decreto un presupuesto de 634,9 billones de pesos (unos 191.800 millones de dólares), a lo que se suma la tensa discusión en torno a la ley de rescate fiscal.
Chala atribuye estas dificultades a la amplitud de la transformación que De la Espriella pretende impulsar en sus primeros meses y señala que la debilidad en la gobernabilidad responde también a un fuerte viraje ideológico.
“El discurso de campaña de Abelardo estaba muy desfasado frente a la realidad de lo que es capaz de ejecutar. Sus proyectos no van a ser tan rápidos como parece, ya que pretende forzar la máquina del Estado para obtener resultados contundentes en poco tiempo, cuando la administración pública no funciona así”, concluyó. (Sputnik)
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