La agrupación legislativa sostiene que 17 diputados priistas y panistas no pueden apropiarse de una figura independiente sin abandonar su militancia partidista; acusa irregularidades en el procedimiento y busca dejar sin efectos la reconfiguración.
La Bancada Independiente 4T Abierta, encabezada por el diputado independiente Rodrigo Montemayor, presentó una demanda ante el Tribunal Electoral del Estado de Nuevo León para impugnar la incorporación de 17 diputados provenientes del PRI y del PAN a la representación legislativa independiente, al considerar que el procedimiento utilizado para modificar su integración incumple la Ley Orgánica del Poder Legislativo.
El recurso fue presentado el viernes 13 de noviembre mediante un Juicio para la Protección de los Derechos Político-Electorales del Ciudadano, con el que se busca que la autoridad electoral deje sin efectos la maniobra legislativa que permitió a los legisladores priistas y panistas declararse independientes sin abandonar sus respectivos partidos.
El conflicto comenzó el lunes 9 de noviembre, cuando 17 diputados del PRI y del PAN anunciaron su salida de las respectivas bancadas para declararse independientes. La decisión generó controversia debido a que en el Congreso ya existía la bancada 4T Abierta, encabezada por Rodrigo Montemayor.
La agrupación promovente sostiene que la figura de bancada independiente no puede ser utilizada simultáneamente por dos grupos legislativos y que el intento de modificar su integración representa una irregularidad dentro del Poder Legislativo.
En el documento presentado ante el Tribunal se exponen tres argumentos centrales.
El primero señala que no se respetó el procedimiento establecido para modificar la integración de la bancada. De acuerdo con la demanda, la 4T Abierta fue constituida mediante el Acuerdo 272, aprobado por unanimidad con 36 votos y publicado en el Periódico Oficial del Estado el pasado 6 de noviembre.
Sus integrantes argumentan que cualquier modificación a una determinación aprobada por el Pleno debe seguir el procedimiento correspondiente, que incluye la presentación de un escrito, su análisis en la Comisión de Coordinación y Régimen Interno (COCRI) y la votación legislativa.
En contraste, aseguran que a los 17 diputados se les reconoció administrativamente como integrantes de la representación independiente después de la presentación y lectura de un escrito durante una sesión, sin que existiera una resolución formal del Pleno.
El segundo argumento apunta a que la COCRI no ha emitido un dictamen ni existe un acuerdo legislativo que modifique el Acuerdo 272, por lo que, según los promoventes, el reconocimiento administrativo de los nuevos integrantes carece de sustento legal mientras no se resuelva el procedimiento correspondiente.
El tercer señalamiento cuestiona que los legisladores puedan declararse independientes sin renunciar a los partidos políticos que los llevaron al Congreso.
La demanda cita el artículo 40 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo de Nuevo León, que establece que son diputados independientes quienes dejan de pertenecer al partido político que los postuló y se declaran bajo esa condición. También invoca el artículo 43, relativo a los requisitos para integrar los grupos legislativos.
Como parte de sus argumentos, la 4T Abierta refiere declaraciones realizadas por la diputada Lorena de la Garza en Milenio Televisión, donde reconoció que los integrantes de la nueva agrupación no han abandonado sus militancias partidistas.
Por otra parte, Rodrigo Montemayor y los integrantes de la bancada 4T Abierta sostienen que su agrupación no pertenece a ninguna organización política, situación que afirman haber acreditado ante el Tribunal mediante documentación oficial del padrón de militantes del Instituto Nacional Electoral.
Mientras se resuelve el juicio, la bancada encabezada por Montemayor advierte que no ha autorizado el ingreso de ninguno de los 17 diputados y sostiene que el reconocimiento administrativo de esa incorporación no sustituye los procedimientos establecidos en la legislación.
El litigio se suma a la disputa política y legislativa entre PRI, PAN y Movimiento Ciudadano por el control de los órganos internos del Congreso de Nuevo León, en un escenario marcado también por las negociaciones del Presupuesto de Egresos 2027.
La resolución del Tribunal Electoral será relevante para determinar el alcance de los derechos de representación de la bancada independiente y la legalidad del procedimiento utilizado para modificar la integración de los grupos legislativos.
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