A partir de este sábado entró en vigor la reforma al Código Penal Federal y a la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial, con la que el Gobierno federal busca fortalecer las acciones legales contra la piratería, la falsificación de marcas y la comercialización de obras protegidas por derechos de autor.
Las modificaciones fueron publicadas en la edición vespertina del Diario Oficial de la Federación (DOF) y derivan de una iniciativa presentada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, aprobada por la Cámara de Diputados el pasado 21 de octubre con 312 votos a favor, 119 en contra y ninguna abstención.
El decreto establece nuevas sanciones para quienes participen en la producción, reproducción, distribución, almacenamiento, transporte, importación, exportación o comercialización de copias ilegales de libros, películas, fonogramas, videogramas y otras obras protegidas, cuando las conductas se realicen a escala comercial y sin autorización de los titulares de los derechos.
Entre las modificaciones más relevantes se encuentran las penas de cuatro a diez años de prisión y multas de dos mil a veinte mil días multa para quienes produzcan, distribuyan o comercialicen copias ilegales de obras protegidas a escala comercial. También se contemplan sanciones para quienes financien estas actividades o proporcionen los materiales necesarios para su reproducción.
En el caso de la venta de productos apócrifos que ostenten marcas registradas, la reforma establece penas de dos a seis años de prisión para quienes los comercialicen en vías o lugares públicos. Cuando estas actividades se realicen en establecimientos comerciales, puestos fijos, temporales o semifijos, o mediante plataformas electrónicas de manera organizada, sistemática o reiterada, las sanciones aumentarán de cuatro a diez años de cárcel.
Otro de los cambios establece penas de uno a cinco años de prisión y multas de mil a diez mil Unidades de Medida y Actualización para quienes utilicen o reproduzcan la identidad gráfica institucional, dominios electrónicos o documentos oficiales de instituciones públicas con la intención de engañar y cometer algún ilícito.
La legislación también actualiza los criterios para determinar cuándo una actividad constituye una conducta a escala comercial. Para ello establece un umbral económico equivalente a 170 Unidades de Medida y Actualización, además de permitir la acumulación del valor de envíos relacionados durante un periodo de hasta 90 días naturales.
En materia de reparación del daño, se establece que la compensación no podrá ser inferior al 40 por ciento del precio de venta al público del producto o servicio legítimo correspondiente. Asimismo, las víctimas podrán optar por una cantidad resarcitoria de entre 340 y 50 mil UMA, conforme a las circunstancias y afectaciones del caso.
El decreto también precisa que las mercancías que formen parte del equipaje personal de los viajeros quedan exceptuadas de estas disposiciones, conforme a las reglas fiscales aplicables.
Con su entrada en vigor, las modificaciones buscan reforzar la protección de los derechos de autor y de propiedad industrial, así como establecer mayores herramientas legales contra las redes dedicadas a la falsificación de marcas y la comercialización de contenidos protegidos sin autorización.
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