El diputado Emilio Manzanilla Téllez, del PT, presentó una iniciativa para endurecer las sanciones contra quienes roben mercancías a transportistas; señala que los asaltos también derivan en agresiones físicas y homicidios de trabajadores.
Ciudad de México.- Elevar hasta 20 años de prisión las penas por el robo de mercancías al autotransporte federal es el objetivo de una iniciativa promovida por el diputado Emilio Manzanilla Téllez, del Partido del Trabajo (PT), quien busca endurecer las sanciones ante el incremento de este delito y sus consecuencias para los trabajadores y la economía nacional.
La propuesta, turnada a la Comisión de Justicia, plantea modificar el artículo 376 Ter del Código correspondiente para elevar de 10 a 20 años la sanción de prisión por este ilícito, cuya penalidad vigente, de acuerdo con la exposición de motivos, se ubica entre seis y 12 años.
El legislador argumenta que el robo al autotransporte de carga se encuentra entre los delitos de mayor incidencia en México y que su crecimiento representa un problema para el sector logístico y las personas que participan en el traslado de mercancías.
Entre las entidades más afectadas identifica al Estado de México, Puebla, Veracruz y Guanajuato, donde se concentra más del 50 por ciento de los robos registrados a nivel nacional, según los datos expuestos en la iniciativa.
El documento advierte que los asaltos no se limitan al despojo de mercancías, debido a que en numerosos casos los trabajadores del transporte también enfrentan agresiones físicas e incluso homicidios durante los ataques.
Manzanilla Téllez considera que las sanciones actuales resultan insuficientes frente al contexto de violencia y criminalidad que enfrenta el país, por lo que propone establecer penas más severas que funcionen como un mecanismo de prevención y disuasión.
La reforma contempla proteger a quienes prestan o utilizan, directamente o a través de terceros, los servicios de autotransporte federal de carga, pasajeros, turismo o transporte privado.
El diputado sostiene que el endurecimiento de las penas permitiría fortalecer la protección de los trabajadores de este sector, mejorar sus condiciones de seguridad y generar mayor confianza para las empresas que participan en las actividades de transporte y distribución.
Asimismo, señala que combatir este delito es fundamental para proteger las inversiones nacionales y extranjeras en el sector logístico, debido al impacto que los robos tienen sobre las operaciones comerciales y el funcionamiento de la economía.
La iniciativa sostiene que un sistema de justicia capaz de sancionar estos delitos y evitar la impunidad es indispensable para garantizar la seguridad de quienes participan en una actividad considerada esencial para el desarrollo económico del país.
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