
La política de los acuerdos, los privilegios y el descontento social
Hay una pregunta que Morena tendrá que responder en Nuevo León: ¿para qué sirvió la primera encuesta si ahora el PT exige una segunda para medir a Clara Luz Flores y Jesús Elizondo? El partido de Alberto Anaya no reconoce el resultado interno de Morena, pero sí reclama otra medición para decidir quién debe encabezar la candidatura de la Cuarta Transformación en 2027. Y no se queda ahí: propone debates, busca elevar el conocimiento de su aspirante y convierte la negociación en una nueva oportunidad para presionar. Si Clara Luz ganó la encuesta de su partido, ¿por qué tiene que volver a demostrarlo? La respuesta parece estar menos en las preferencias ciudadanas que en la necesidad de conservar una alianza electoral. La candidatura, al parecer, también tiene precio político.
Y hablando de acuerdos, el Presupuesto de 2027 dejó dos coincidencias difíciles de ignorar. Al PT le aprobaron 618 millones de pesos adicionales para los Cendis vinculados históricamente con ese partido; a Jalisco, gobernado por Movimiento Ciudadano, le asignaron 6 mil 500 millones para infraestructura hidráulica. La oposición acusa intercambios políticos; ambos partidos lo niegan y defienden el destino de los recursos. Pero la secuencia habla por sí sola: el PT dejó atrás sus amenazas de romper la alianza y formalizó coalición con Morena y el Verde en Guerrero; MC respaldó el presupuesto en lo general, aunque lo rechazó en lo particular. ¿Casualidad o negociación? No hay prueba pública de un pacto condicionado, pero sí beneficios millonarios que llegaron justo cuando Morena necesitaba votos y aliados. Y no olvidemos que los recursos para los Cendis vuelven a poner sobre la mesa el expediente de irregularidades que terminó con una sanción electoral al PT por alrededor de 119.8 millones de pesos. El dinero público merece transparencia, no explicaciones partidistas.
Mientras aquí se negocian encuestas, candidaturas y presupuestos, Francia enfrenta un conflicto social que amenaza con crecer. Para este 17 de noviembre se prevé una movilización de hasta 360 mil personas contra el encarecimiento de la vida, los combustibles y el deterioro de los servicios públicos. Las protestas comenzaron con estudiantes que denunciaban la falta de profesores y las condiciones de las escuelas; después se sumaron otros sectores inconformes. La respuesta oficial contempla un amplio despliegue policial, drones, vehículos blindados y cañones de agua. Ya hubo una movilización de 550 mil personas el 17 de octubre y la policía recurrió a gas pimienta, granadas aturdidoras y cañones de agua. No estamos ante una simple jornada de inconformidad: el malestar se está extendiendo y amenaza con convertirse en un serio conflicto interno. Cuando el costo de la vida, la educación y la falta de respuestas acumulan el enojo de la población, no hay operativo policial que resuelva el fondo del problema.



