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Gerardo Ledezma

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El costo de los desmanes, los ciberataques y las nuevas máscaras de la política

Hay tres asuntos que, aunque parecen caminar por rutas distintas, terminan exhibiendo una misma realidad: la fragilidad de las instituciones, la falta de consecuencias y una clase política que parece sentirse cómoda jugando con la confianza de los ciudadanos.

El primero tiene que ver con algo que en México hemos terminado por normalizar peligrosamente: los daños que dejan las manifestaciones, los bloqueos y los actos vandálicos. Una investigación periodística publicada por Roxana González en El Sol de México pone cifras a un problema que no puede seguir despachándose con discursos sobre el derecho a la protesta.

Entre enero y septiembre de 2026 se abrieron 107 mil 35 carpetas de investigación por daño a la propiedad, alrededor de siete mil más que en el mismo periodo del año anterior. El Estado de México encabeza los registros, con 12 mil 139 investigaciones; le siguen Guanajuato, con 11 mil 633; Ciudad de México, con ocho mil 683; Coahuila, con siete mil 190, y Chihuahua, con seis mil 305.

Y cuando hablamos de daños, no estamos hablando solamente de paredes pintadas o cristales rotos. Estamos hablando de negocios que pierden mercancía, comerciantes que deben pagar reparaciones, trabajadores que se quedan sin actividad y familias que ven afectado su patrimonio por actos en los que ni siquiera participaron.

La marcha del 2 de octubre en la Ciudad de México dejó, de acuerdo con la Canaco capitalina, daños materiales a establecimientos comerciales por alrededor de 1.5 millones de pesos. En febrero, tras el abatimiento de Nemesio Oseguera Cervantes, los bloqueos atribuidos a integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación dejaron 631 vehículos incendiados, según cifras de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros.

Son dos escenarios diferentes, pero ambos revelan el costo económico de la violencia y de la destrucción de bienes. Y aquí hay que decirlo sin rodeos: el derecho a manifestarse no otorga permiso para destruir, incendiar, saquear o agredir. La protesta es legítima; el vandalismo y los delitos deben tener consecuencias.

Tampoco se puede ignorar lo que advierten especialistas sobre el crecimiento de otras conductas que afectan el patrimonio, como la extorsión, el despojo, el fraude y el robo. David Saucedo ha señalado la relación de algunas de estas actividades con la expansión del crimen organizado, así como el impacto que tienen el cobro de piso y los esquemas de préstamos conocidos como gota a gota.

El problema no termina en las cifras. También está en la capacidad de las autoridades para investigar, detener y castigar. Cuando denunciar se convierte en un trámite inútil, cuando las víctimas tienen miedo y cuando los responsables no enfrentan consecuencias, el mensaje que recibe la sociedad es devastador: destruir puede salir más barato que respetar.

El segundo asunto nos lleva a otro terreno, pero con consecuencias económicas igualmente preocupantes: la vulnerabilidad digital. Los recientes reportes sobre incidentes que involucran a proveedores de Visa, Mastercard y JPMorgan Chase muestran que ni siquiera las grandes instituciones financieras están completamente protegidas frente a los riesgos de la delincuencia informática.

En este caso, se reportó la exposición de información de clientes, principalmente direcciones de correo electrónico y, en algunos registros, nombres, teléfonos y códigos postales. Una revisión de archivos atribuidos a JPMorgan identificó más de 16 mil direcciones de correo de clientes y 124 cuentas que aparentemente corresponden a empleados. Mastercard reconoció una exposición limitada de información de usuarios de un programa de beneficios, mientras que Visa relacionó las reclamaciones con un incidente en un proveedor externo de Asia-Pacífico.

Hay que tener cuidado con las cifras: parte de la información difundida procede de los propios atacantes y no está verificada de manera independiente. Las compañías tampoco han reportado que los números de tarjetas o los sistemas de procesamiento de pagos hayan sido comprometidos en estos incidentes. Pero eso no significa que el problema sea menor.

El negocio del cibercrimen se ha convertido en una amenaza internacional que cuesta miles de millones de dólares a empresas, gobiernos y consumidores. No se trata únicamente de robar dinero de una cuenta. Se trata de apropiarse de bases de datos, paralizar operaciones, extorsionar compañías, suplantar identidades y utilizar información personal para construir fraudes cada vez más sofisticados.

Y aquí aparece una pregunta inevitable: ¿qué tan protegidos están los datos que entregamos a bancos, aseguradoras, comercios y plataformas digitales? Las empresas pueden invertir fortunas en seguridad, pero si sus proveedores externos representan una puerta abierta, toda esa infraestructura puede quedar comprometida.

La responsabilidad no puede limitarse a emitir comunicados después de una filtración. Se necesitan auditorías, controles estrictos a terceros, protocolos de respuesta y transparencia con los usuarios afectados. La información personal también forma parte del patrimonio de las personas y debe protegerse como tal.

El tercer asunto nos devuelve a Nuevo León y a ese espectáculo político que comienza a tomar forma rumbo a 2027. Hernán “El Grillo” Sada será presentado como perfil de Paz para contender por la gubernatura, de acuerdo con el anuncio de Roberto “El Oso” Medina, dirigente de esa organización política.

La noticia sería una más dentro del movimiento de nombres y aspiraciones que acompañan cada proceso electoral, si no fuera porque alrededor de Sada ya existía una trayectoria de acercamientos y entusiasmo político con Morena. Ahora, después de que aparentemente no encontró el espacio que buscaba en ese partido, aparece bajo las siglas de una nueva organización que pretende competir por la gubernatura, alcaldías y diputaciones.

Y entonces la pregunta es obligada: ¿para quién trabajará realmente Hernán Sada? ¿Para construir un proyecto propio desde Paz o para convertirse en una pieza más de una estrategia electoral que termine beneficiando a Morena?

No estamos afirmando que Paz sea un partido satélite del partido en el poder. Eso tendrá que demostrarlo o descartarlo con sus decisiones. Pero tampoco podemos ignorar que en México hemos visto organizaciones políticas que nacen con la promesa de representar una alternativa y terminan funcionando como acompañantes electorales de proyectos más grandes.

Si Paz pretende convencer a los nuevoleoneses de que representa una opción auténtica, tendrá que demostrar independencia, presentar propuestas y explicar con claridad de dónde viene su proyecto, hacia dónde va y qué intereses representa. No basta con anunciar candidaturas ni con presentar personajes que cambian de camiseta cuando las puertas de otra organización se cierran.

Nuevo León no necesita más simulaciones ni candidaturas construidas al calor de las conveniencias personales. Necesita proyectos con identidad, propuestas y compromisos verificables. Si Sada quiere competir por la gubernatura, tendrá que explicar por qué ahora Paz es su plataforma política y qué lo diferencia de aquello que antes buscaba representar.