La idea suena, de entrada, difícil de digerir para muchos. Sin embargo, el diputado priista Fernando Aguirre Flores decidió ponerla sobre la mesa: reducir parte de la pena a personas privadas de la libertad a cambio de lectura comprobada.
La iniciativa, presentada en tribuna, busca reformar la Ley Nacional de Ejecución Penal para que los programas de fomento a la lectura puedan convertirse en un mecanismo válido de sustitución parcial de la pena, siempre bajo evaluación de autoridades penitenciarias y con aval de un juez de ejecución.
El planteamiento no es improvisado, según explicó el legislador. Retoma modelos aplicados en países como Brasil, donde desde hace más de una década los internos pueden reducir días de condena mediante la lectura y análisis de libros, una práctica que incluso ha sido respaldada por organismos internacionales como la UNESCO.
La propuesta contempla que las personas internas elijan textos de bibliotecas penitenciarias, elaboren reseñas que demuestren comprensión y las sometan a evaluación. De superar el proceso, podrían acceder a una reducción de su condena, con un límite de hasta 30 días por año.
Aguirre Flores defendió la iniciativa bajo el argumento de que la reinserción social no puede quedarse en el discurso. Señaló que la lectura puede convertirse en una herramienta real de transformación, en un sistema donde actualmente miles de personas cumplen condenas sin acceso efectivo a programas educativos.
No obstante, el planteamiento ya genera ruido. Para algunos, abre una puerta interesante hacia la rehabilitación; para otros, plantea dudas sobre si este tipo de beneficios podría percibirse como indulgente frente a delitos graves.
Por ahora, la iniciativa fue turnada a comisiones para su análisis. Falta el filtro legislativo y, en caso de avanzar, el debate nacional. Porque más allá de lo innovador, la pregunta de fondo sigue en el aire: ¿leer puede realmente cambiar el rumbo de una condena?
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Foto: Especial-ChatGPT
