La Cámara de Diputados se encamina a una doble ruta en materia electoral: por un lado, la renovación de consejeros del Instituto Nacional Electoral; por el otro, la inminente aprobación del llamado Plan B impulsado desde el Ejecutivo.
El presidente de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal Ávila, confirmó que en los próximos días se lanzará la convocatoria para elegir a tres nuevos consejeros electorales. Aseguró que el proceso buscará perfiles que garanticen “objetividad, transparencia, imparcialidad y profesionalismo”, destacando que el actual Consejo del INE ha actuado con autonomía, incluso en contra del gobierno en turno.
Desde la visión oficial, el proceso será complejo y demandante, pues implica desde la integración de un Consejo Técnico hasta la evaluación de aspirantes. Monreal subrayó que, pese a la carga legislativa existente, la prioridad es mantener un árbitro electoral independiente.
En paralelo, el legislador defendió el contenido del Plan B de reforma electoral promovido por la presidenta Claudia Sheinbaum, asegurando que su aprobación no enfrentará obstáculos en el Congreso. A diferencia de intentos anteriores, dijo, ahora cuenta con el respaldo de los partidos aliados.
El Plan B plantea modificaciones a los artículos 35, 115, 116 y 134 de la Constitución. Entre los puntos centrales, se contempla ajustar la figura de revocación de mandato para que pueda realizarse entre el tercer y cuarto año de gobierno; limitar el número de regidores en los ayuntamientos; establecer topes al presupuesto de congresos estatales; y reforzar las restricciones salariales a funcionarios públicos, incluidos los del ámbito electoral.
Además, se prevén cambios en leyes secundarias para endurecer la fiscalización de partidos políticos y reducir costos del sistema electoral.
Sin embargo, el proyecto no está exento de críticas. Diversos sectores han advertido que, bajo el argumento de austeridad, se podrían debilitar estructuras clave del sistema democrático, limitar la representación en municipios y concentrar decisiones en menos actores políticos. También ha generado preocupación la posible presión sobre órganos electorales en materia presupuestal y operativa.
En este escenario, la discusión no solo será técnica, sino profundamente política: mientras el oficialismo sostiene que se trata de una reforma para hacer más eficiente y menos costoso el sistema electoral, sus detractores ven riesgos en la autonomía institucional y en el equilibrio de poderes.
El debate apenas comienza, pero deja claro que el futuro del sistema electoral mexicano volverá a estar en el centro de la confrontación pública.
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