El Congreso de Nuevo León aprobó una nueva Ley de Educación con la que busca actualizar el marco legal del sistema educativo estatal, incorporando un enfoque inclusivo, equitativo y acorde a las necesidades actuales.
La presidenta de la Comisión de Educación, Perla Villarreal Valdez, explicó que la legislación vigente, creada en el año 2000, había quedado rebasada, por lo que esta nueva norma es resultado de más de un año de trabajo conjunto entre autoridades, especialistas, docentes y sociedad civil.
La nueva ley establece bases para garantizar una educación integral, no solo centrada en contenidos académicos, sino también en el desarrollo humano de los estudiantes, con énfasis en la inclusión y el respeto a los derechos.
Entre los principales cambios, destaca la incorporación de programas de Lengua de Señas Mexicana en los planes de estudio, así como la creación del Registro Educativo para la Neurodivergencia, orientado a diseñar apoyos específicos para estudiantes con condiciones como el trastorno del espectro autista.
Además, se contempla la capacitación del personal docente en temas de salud mental, con el objetivo de detectar oportunamente casos de ansiedad, depresión o conductas de riesgo, así como la incorporación de profesionales de la psicología en escuelas públicas.
La legislación también introduce contenidos innovadores como cultura digital, inteligencia artificial y pensamiento computacional, además de fortalecer el modelo de educación dual para vincular a los jóvenes con el sector productivo.
En materia de formación básica, se integrarán programas de educación financiera que incluyen ahorro, inversión y emprendimiento, mientras que se establecen medidas para facilitar la permanencia escolar, como la publicación anticipada de listas de útiles y el derecho a uniformes y calzado gratuito.
Asimismo, la ley regula el uso de dispositivos móviles en el aula con fines educativos, promueve el uso de mochilas transparentes como medida preventiva y faculta a las autoridades para contratar seguros contra daños y robos en planteles.
En el ámbito de inclusión social, se prohíbe negar el acceso a estudiantes con hijos menores de dos años, garantizando espacios de lactancia y flexibilidad académica, además de reconocer los derechos educativos de pueblos originarios con enfoque cultural y lingüístico.
Para el magisterio, la normativa contempla la reducción de carga administrativa y el acceso a asesoría legal en casos derivados de su labor docente.
El dictamen aprobado consta de 215 artículos y 15 transitorios, consolidándose como una de las reformas más amplias en materia educativa en el estado en las últimas décadas.
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