Ciudad de México.— Con el argumento de que las grandes concentraciones urbanas enfrentan una crisis hídrica cada vez más severa, la diputada federal Ivonne Ruiz Moreno presentó una iniciativa para crear un Programa Especial de Infraestructura Hídrica enfocado en zonas metropolitanas con alta densidad poblacional.
La propuesta plantea establecer criterios claros para priorizar inversiones, tomando en cuenta factores como la densidad demográfica, el nivel de estrés hídrico, las fallas en el suministro continuo y la vulnerabilidad social. En este contexto, el Estado de México y los municipios conurbados con la capital del país figuran entre las principales áreas de atención.
De acuerdo con la legisladora, el programa permitiría ordenar la planeación y ejecución de proyectos hidráulicos, desde la modernización de redes hasta la ampliación de la infraestructura existente. Con ello, se busca mejorar la continuidad del servicio, reducir fugas, optimizar la distribución del agua y garantizar la sostenibilidad del recurso a mediano y largo plazo.
Ruiz Moreno sostuvo que su iniciativa pretende cerrar vacíos en la actual Ley de Aguas Nacionales, la cual —señaló— no contempla mecanismos específicos para atender las necesidades particulares de las zonas metropolitanas ni establece criterios obligatorios de priorización o recursos permanentes etiquetados para este tipo de problemáticas.
El planteamiento incluye reformas legales para obligar a la Comisión Nacional del Agua a coordinarse con estados y municipios en la ejecución de proyectos, mediante convenios que integren apoyo técnico y financiero, sin invadir las atribuciones constitucionales de los gobiernos locales.
La diputada advirtió que la falta de suministro continuo en amplias zonas del Estado de México refleja un rezago estructural en la gestión del agua, agravado por la sobreexplotación de acuíferos y el crecimiento desordenado de la mancha urbana. Esta situación, dijo, impacta directamente en la salud, la educación y la economía de miles de familias, especialmente en los sectores más vulnerables.
Finalmente, subrayó que garantizar el acceso al agua no solo es un reto técnico, sino una obligación del Estado, por lo que insistió en la necesidad de contar con herramientas legales más precisas para enfrentar una crisis que ya es cotidiana en las principales ciudades del país.
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