Ciudad de México.— El coordinador del PRI en la Cámara de Diputados, Rubén Moreira Valdez, lanzó una advertencia sobre el rumbo de las recientes modificaciones en materia de infraestructura impulsadas por Morena, al asegurar que no se trata de medidas aisladas, sino de una estrategia derivada de presiones financieras en el país.
Durante un espacio de análisis acompañado por especialistas, el legislador sostuvo que los cambios legales reflejan un escenario de escasez de recursos públicos y una caída en la inversión, lo que, a su juicio, está afectando el crecimiento económico. En ese contexto, cuestionó la decisión de concentrar la ejecución de obra pública en la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, incluyendo proyectos como hospitales y planteles educativos.
El priista también criticó la posibilidad de realizar licitaciones sin contar con respaldo presupuestal y, particularmente, el uso de recursos provenientes de las Administradoras de Fondos para el Retiro para financiar proyectos de infraestructura, lo que consideró una señal de presión sobre las finanzas gubernamentales.
Acompañado por el economista Mario Di Costanzo y especialistas en derecho, Moreira advirtió que este conjunto de reformas podría concentrar decisiones en un solo ente gubernamental, limitando la supervisión y reduciendo la capacidad operativa de otras dependencias.
Desde la óptica económica, Di Costanzo alertó que la nueva legislación permitiría destinar hasta el 30 por ciento de los recursos de las Afores a proyectos impulsados por el gobierno, lo que, dijo, implicaría un cambio significativo frente a los esquemas previos de inversión, tradicionalmente más acotados y evaluados bajo criterios estrictos.
El especialista agregó que una proporción considerable de estos fondos ya se canaliza al financiamiento de la deuda pública, lo que evidencia una creciente presión sobre las finanzas nacionales. Además, advirtió sobre el aumento proyectado del endeudamiento en los próximos años, situación que podría generar inquietud entre organismos calificadores internacionales.
En el mismo sentido, el abogado Miguel Ángel Sulub señaló que estas medidas reflejan un problema estructural en las finanzas públicas, al considerar que el gobierno busca nuevas fuentes de recursos mediante distintos mecanismos, lo que podría generar incertidumbre económica.
Finalmente, Moreira Valdez anticipó un panorama complejo, con posibles presiones inflacionarias y un entorno laboral más adverso, al tiempo que cuestionó el impacto de estas decisiones en el futuro económico del país.
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