La discusión sobre los derechos laborales de las mujeres vuelve a la mesa en el Congreso, donde el diputado César Israel Damián Retes impulsa una reforma de fondo a la Ley Federal del Trabajo con la intención de ampliar de manera sustancial el periodo de licencia de maternidad en el país.
La iniciativa plantea que las madres trabajadoras puedan acceder a un descanso de hasta 52 semanas con goce de sueldo tras el nacimiento de sus hijas o hijos, con la posibilidad de iniciar el periodo seis semanas antes del parto. La propuesta, que será analizada en comisiones, busca responder a las necesidades de cuidado durante el primer año de vida, una etapa considerada clave para el desarrollo infantil.
El planteamiento incorpora también supuestos extraordinarios. En casos donde el recién nacido enfrente alguna discapacidad o requiera hospitalización, se abre la posibilidad de extender aún más el tiempo de resguardo, priorizando la atención médica y el acompañamiento materno.
El alcance de la reforma incluye a madres adoptantes, quienes podrían acceder al mismo periodo de licencia remunerada a partir del momento en que reciban al menor, equiparando así derechos sin distinción del tipo de maternidad.
Una vez concluido el año con sueldo, el proyecto contempla una fase adicional de hasta 26 semanas sin percepción económica, pero con la garantía de conservar el empleo. Este periodo estaría enfocado exclusivamente al cuidado del menor, siempre y cuando la reincorporación se dé dentro del plazo establecido tras el parto.
Detrás de la propuesta subyace un señalamiento directo al modelo vigente. Actualmente, el marco legal contempla apenas 12 semanas de licencia, lo que, según el documento, entra en contradicción con recomendaciones médicas que sugieren la lactancia exclusiva durante al menos seis meses. Esta brecha, advierten, obliga a miles de mujeres a elegir entre su desarrollo profesional y el bienestar de sus hijos.
El proyecto retoma criterios internacionales, como los establecidos por la Organización Internacional del Trabajo, que promueve esquemas de financiamiento a través de la seguridad social para evitar cargas directas a los empleadores y reducir prácticas discriminatorias hacia mujeres en edad reproductiva.
En el contexto nacional, se apunta al Instituto Mexicano del Seguro Social como base para sostener este tipo de prestaciones, aunque se reconoce que una ampliación de tal magnitud implicaría ajustes presupuestales y normativos para asegurar su viabilidad.
La propuesta también exhibe las condiciones desiguales del mercado laboral. Más de la mitad de las mujeres ocupadas en México se encuentra en la informalidad, sin acceso a prestaciones ni a licencias pagadas, lo que limita cualquier avance en materia de protección a la maternidad.
A esto se suma el impacto en la lactancia. Mientras que entre mujeres sin empleo remunerado la práctica es considerablemente más alta, entre quienes trabajan fuera del hogar la cifra cae de forma notable, reflejando las dificultades para conciliar el trabajo con el cuidado en los primeros meses de vida.
Con este planteamiento, el legislador busca abrir un debate que no solo toca lo laboral, sino también lo social y lo económico, en un país donde la maternidad continúa enfrentando barreras estructurales.
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