La Cámara de Diputados se prepara para discutir una reforma que apunta directamente a uno de los sectores más cuestionados del sistema de salud privado en México. Este martes 28 de abril, la Comisión de Hacienda y Crédito Público votará un dictamen que pretende frenar prácticas que por años han generado inconformidad entre usuarios de seguros de Gastos Médicos Mayores.
El impulsor de la iniciativa, el diputado Jericó Abramo Masso, sostuvo que el objetivo es corregir distorsiones que han permitido a aseguradoras y hospitales operar con poca claridad en perjuicio de los pacientes. Desde su perspectiva, el modelo actual ha favorecido condiciones desiguales, donde los usuarios enfrentan negativas de cobertura y cláusulas poco transparentes.
El proyecto, respaldado por distintas fuerzas políticas, plantea modificaciones a leyes federales para obligar a las instituciones a actuar con mayor claridad en sus contratos y servicios. Uno de los puntos centrales es eliminar las llamadas “letras chiquitas”, utilizadas con frecuencia para limitar responsabilidades o condicionar pagos.
La propuesta también busca poner fin a la negativa de cobertura cuando los pacientes no acuden a médicos o redes previamente establecidas por las aseguradoras, una práctica que ha sido señalada como restrictiva. Con los cambios planteados, la prioridad sería la atención médica por encima de criterios comerciales.
Otro de los ejes es la portabilidad de los seguros, lo que permitiría a los usuarios cambiar de compañía sin perder antigüedad ni derechos adquiridos, incluyendo a personas mayores de 60 años, quienes enfrentan mayores barreras para acceder o mantener este tipo de servicios.
En paralelo, se contempla obligar a hospitales privados a publicar de manera clara sus tarifas y servicios, con el fin de evitar cobros discrecionales que impactan directamente en la economía de las familias.
El dictamen también refuerza las atribuciones de organismos como la Procuraduría Federal del Consumidor, la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros y la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, que tendrían mayores herramientas para sancionar irregularidades y exhibir a quienes incumplan la normativa.
Desde el Congreso, se advierte que estos cambios no solo buscan proteger a los usuarios, sino también modificar la dinámica del mercado, obligando a las aseguradoras a competir bajo reglas más claras y equitativas. La discusión se da en medio de crecientes críticas hacia el costo y funcionamiento de los servicios privados de salud en el país.
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