La presidenta Claudia Sheinbaum fijó este jueves una postura firme pero condicionada frente a la solicitud del Departamento de Justicia de Estados Unidos para detener provisionalmente y eventualmente extraditar a 10 ciudadanos mexicanos, entre ellos el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, por presuntos vínculos con el narcotráfico.
Desde Palacio Nacional, la mandataria dejó en claro que cualquier acción del Estado mexicano estará sujeta a pruebas “fehacientes y contundentes”, marcando distancia de las acusaciones que, hasta ahora, dijo, se sostienen únicamente en testimonios sin corroboración documental sólida. La referencia directa a que el expediente estadounidense se limita a “una hoja de papel” con supuestos sobornos exhibe la debilidad inicial del caso, al menos desde la óptica del Gobierno federal.
El posicionamiento ocurre luego de que la Secretaría de Relaciones Exteriores recibiera el pasado 28 de abril las solicitudes de detención provisional con fines de extradición, mismas que fueron turnadas a la Fiscalía General de la República para su análisis jurídico. Este proceso abre una ruta institucional obligada: la FGR deberá determinar si existen elementos suficientes para solicitar órdenes de aprehensión en territorio nacional, bajo estándares legales mexicanos, no extranjeros.
Sheinbaum subrayó que, en paralelo, la Fiscalía iniciará una investigación propia para verificar si las acusaciones tienen sustento. En ese sentido, reiteró que su gobierno no protegerá a ningún implicado en delitos, pero tampoco actuará sin pruebas. La postura, aunque institucional, introduce un elemento político: la presidenta advirtió que, en ausencia de evidencia sólida, las imputaciones podrían responder a intereses ajenos a la justicia.
Sheinbaum advierte tinte político en solicitud de Estados Unidos y exige pruebas en caso que involucra a Rocha Moya / https://t.co/VF5S0q1Vuz pic.twitter.com/OoT13wSKjy
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Respecto al caso específico de Rocha Moya, la mandataria confirmó haber sostenido comunicación directa con el gobernador, a quien transmitió un mensaje de cautela: si no existen elementos en su contra, no hay motivo de preocupación. Sin embargo, dejó claro que, de surgir pruebas, el procedimiento implicaría incluso un eventual desafuero, al tratarse de un funcionario en funciones.
Uno de los puntos más delicados del caso es su carácter inédito. La presidenta reconoció que nunca antes se había solicitado la extradición de autoridades mexicanas en activo —como gobernadores o legisladores—, lo que coloca la situación en un terreno sin precedentes dentro de la relación bilateral.
En este contexto, Sheinbaum también rechazó cualquier forma de injerencia extranjera en decisiones internas, al tiempo que defendió el principio de cooperación entre países bajo condiciones de igualdad. La línea trazada busca equilibrar la presión internacional con la defensa de la soberanía jurídica nacional.
Finalmente, la mandataria dirigió críticas a la oposición, a la que acusó de utilizar el caso con fines políticos y de recurrir a actores externos ante la falta de respaldo interno. Mientras tanto, el proceso seguirá su curso institucional: la FGR evaluará los elementos disponibles y, con base en ello, México responderá formalmente a la solicitud estadounidense.
Por ahora, el caso se mantiene en una fase preliminar donde el eje central no es la acusación en sí, sino la ausencia —o no— de pruebas que permitan sostenerla en tribunales mexicanos.
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