Culiacán, Sin.- En medio de una de las crisis políticas y judiciales más delicadas en la historia reciente del estado, el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, solicitó licencia temporal para separarse del cargo tras los señalamientos en su contra por presuntos vínculos con el crimen organizado y una solicitud de extradición impulsada desde Estados Unidos.
La decisión llega apenas cuatro días después de que el Departamento de Justicia de Estados Unidos hiciera pública una acusación en su contra por presunta conspiración para traficar drogas hacia territorio estadounidense, lo que detonó un escenario de presión política, jurídica y diplomática sin precedentes para la administración estatal.
En un mensaje dirigido a la ciudadanía, el mandatario aseguró que su salida temporal busca facilitar las investigaciones iniciadas por la Fiscalía General de la República, instancia que ya solicitó pruebas a Washington y abrió su propia indagatoria. “Tengo la conciencia tranquila, una vida de trabajo respalda mis palabras”, sostuvo, al rechazar de manera categórica las acusaciones, que calificó como “falsas y dolosas”.
Rocha Moya también lanzó un mensaje político al advertir que no permitirá que su caso sea utilizado para golpear al movimiento al que pertenece, en referencia a Morena. “No voy a permitir que me utilicen para dañar al movimiento”, afirmó, al tiempo que arremetió contra quienes impulsan los señalamientos, a quienes calificó de “traicionadores”.
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— Gobierno del Estado de Sinaloa (@sinaloagobmx) May 2, 2026
El contexto no es menor. La acusación surge en un momento de tensión bilateral, luego de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, endureciera su discurso contra los cárteles mexicanos, incluso con amenazas de acciones directas en territorio nacional. En respuesta, la presidenta Claudia Sheinbaum dejó claro que su gobierno no encubrirá a nadie, pero tampoco permitirá violaciones a la soberanía del país.
La solicitud de licencia ya fue turnada al Congreso local, que deberá definir en las próximas horas si avala la separación del mandatario y quién asumiría de manera interina el control del Poder Ejecutivo estatal. Hasta ahora, no se han precisado plazos ni escenarios políticos claros, lo que añade incertidumbre a un estado golpeado históricamente por la violencia y la presencia del narcotráfico.
Con este movimiento, Sinaloa entra en una etapa de alta tensión institucional, donde el desenlace dependerá tanto de las investigaciones en curso como del manejo político de una crisis que ya trascendió las fronteras nacionales. Mientras tanto, Rocha Moya insiste en su inocencia y apuesta a enfrentar las acusaciones fuera del cargo, en un intento por contener el daño político y judicial que amenaza con escalar aún más.
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