Ciudad de México.- Con el objetivo de fortalecer la transparencia en el uso de recursos destinados a la promoción política en plataformas digitales, la diputada federal Nancy Aracely Olguín Díaz presentó una iniciativa de reforma para establecer mayores mecanismos de control y fiscalización sobre este tipo de gastos.
La propuesta contempla modificaciones al Código Fiscal de la Federación y a la Ley del Impuesto sobre la Renta con la finalidad de identificar de manera clara a quienes financian, reciben y se benefician de la publicidad política difundida en medios digitales.
La legisladora del Partido Acción Nacional señaló que el crecimiento de las plataformas digitales ha transformado la comunicación pública y política, generando nuevas formas de promoción que en muchos casos dificultan conocer el origen real de los recursos utilizados.
De acuerdo con la iniciativa, una parte de la propaganda política que circula en redes sociales suele presentarse como contenido espontáneo, opiniones personales o información aparentemente independiente, cuando en realidad forma parte de estrategias de posicionamiento previamente financiadas.
Ante este escenario, la propuesta plantea la creación de un complemento específico dentro de los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI), mediante el cual se deberá identificar obligatoriamente al emisor, al receptor del servicio y al beneficiario final de la publicidad contratada.
Según expuso la diputada, esta herramienta permitiría a las autoridades contar con mayores elementos para detectar posibles esquemas de simulación contractual o triangulación de recursos relacionados con campañas de promoción política en entornos digitales.
La iniciativa también establece que los gastos destinados a publicidad política digital no podrán ser deducibles ni acreditables cuando los comprobantes fiscales carezcan de la información requerida o incumplan con las disposiciones en materia de fiscalización electoral.
Otro de los puntos incluidos en la propuesta consiste en permitir que el Servicio de Administración Tributaria comparta con el Instituto Nacional Electoral información estrictamente necesaria para tareas de revisión y fiscalización, sin que ello implique vulnerar el marco legal aplicable.
Nancy Olguín sostuvo que la ciudadanía tiene derecho a conocer quién financia los mensajes políticos que aparecen en redes sociales y plataformas digitales, especialmente cuando éstos buscan influir en la percepción pública o en la competencia electoral.
La legisladora afirmó que la iniciativa busca consolidar reglas claras para el ejercicio transparente de los recursos en la era digital, fortaleciendo la rendición de cuentas y contribuyendo a preservar condiciones de equidad dentro de la competencia democrática.
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