La diputada local de Movimiento Ciudadano, Melisa Peña, destacó la reciente reforma al Código Civil de Nuevo León que fortalece la protección de niñas, niños y adolescentes en situaciones de conflicto familiar relacionadas con las convivencias entre progenitores.
La legisladora explicó que la modificación al artículo 415 Bis, ya aprobada por el Congreso local, incorpora nuevas herramientas legales orientadas a garantizar el derecho de las infancias a mantener relaciones familiares sanas y equilibradas.
De acuerdo con la reforma, cuando uno de los progenitores impida de manera reiterada, injustificada o dolosa las convivencias previamente acordadas o determinadas por una autoridad competente, el juez podrá valorar una posible modificación en la guarda y custodia del menor.
“Esta reforma pone en el centro el interés superior de la niñez. Las diferencias entre personas adultas no deben convertirse en herramientas que afecten emocionalmente a niñas y niños o limiten su derecho a convivir de manera sana con su familia”, expresó la legisladora.
Peña señaló que cada situación deberá analizarse de manera individual por parte de la autoridad judicial, considerando elementos como dictámenes psicológicos, estudios sociofamiliares y cualquier otra prueba que permita determinar si existe una afectación al bienestar físico, emocional o social de las y los menores involucrados.
Asimismo, puntualizó que las convivencias únicamente podrán restringirse cuando existan causas graves que representen riesgos para la salud física o psicoemocional de niñas, niños y adolescentes.
“Las convivencias solamente podrán limitarse cuando existan causas graves que representen riesgos para la salud física o psicoemocional de niñas, niños y adolescentes”, indicó.
La diputada sostuvo que esta actualización normativa busca fortalecer la protección de la infancia en Nuevo León y fomentar relaciones familiares más responsables, privilegiando en todo momento el interés superior de las y los menores.
Finalmente, destacó que la reforma representa un paso para garantizar que las decisiones familiares y judiciales se enfoquen en el bienestar integral de niñas, niños y adolescentes.
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