El coordinador de los diputados federales del PRI, Rubén Moreira Valdez, pidió que las autoridades mexicanas realicen una revisión exhaustiva de los gobiernos estatales encabezados por Morena, luego de la controversia generada por los señalamientos difundidos en Estados Unidos sobre los gobernadores de Sonora, Alfonso Durazo, y de Tamaulipas, Américo Villarreal.
El legislador sostuvo que las versiones que han colocado a ambos mandatarios en el centro de la discusión pública representan un asunto que no debe minimizarse, particularmente en un momento en que México se encuentra ante la próxima revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).
Moreira afirmó que la situación es consecuencia de la estrategia de seguridad implementada durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, la cual, aseguró, envió señales de permisividad hacia los grupos criminales.
A juicio del priista, la política de “abrazos, no balazos” debilitó las acciones de combate a la delincuencia organizada y provocó que diversos gobiernos estatales dejaran de enfrentar con firmeza el avance de las organizaciones criminales.
“Estamos ante una descomposición de la política mexicana”, sostuvo el legislador, al señalar que la falta de una estrategia contundente en materia de seguridad ha generado sospechas y cuestionamientos sobre diversas autoridades locales.
El exgobernador de Coahuila también cuestionó el desempeño de las instituciones federales encargadas de la inteligencia y la seguridad nacional, y demandó que se informe públicamente si existen investigaciones relacionadas con gobernadores o funcionarios estatales.
Asimismo, pidió que los mandatarios señalados aclaren directamente si cuentan o no con visa estadounidense vigente, al considerar que la incertidumbre sobre el tema afecta la imagen del país y del gobierno federal en un momento clave para la relación bilateral con Estados Unidos.
Moreira insistió en que la presidenta Claudia Sheinbaum debe marcar distancia de la estrategia de seguridad aplicada por su antecesor y construir una nueva política para enfrentar la violencia y el crimen organizado.
Además, llamó a que se reactive el funcionamiento de los órganos legislativos encargados de supervisar los asuntos de seguridad nacional y las tareas de las fuerzas armadas, al considerar que actualmente existe una falta de seguimiento institucional sobre temas que impactan directamente al país.
Finalmente, sostuvo que la Fiscalía General de la República debe investigar cualquier información pública relacionada con presuntos vínculos entre funcionarios y grupos criminales, con el objetivo de esclarecer los hechos y evitar que los señalamientos permanezcan únicamente en el terreno de las especulaciones políticas.
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