Con el objetivo de brindar mayor certeza jurídica al personal médico y evitar que las deficiencias estructurales de los hospitales se traduzcan en responsabilidades penales injustas, la diputada federal Noemí Berenice Luna Ayala presentó una iniciativa de reforma a la Ley General de Salud.
La propuesta, que fue turnada a la Comisión de Salud para su análisis, contempla la incorporación de nuevas disposiciones legales encaminadas a que las investigaciones relacionadas con presuntos casos de negligencia médica se desarrollen bajo criterios técnicos especializados y tomando en cuenta las condiciones reales en las que laboran los profesionales de la salud.
La legisladora plantea que la Secretaría de Salud impulse, en coordinación con las autoridades correspondientes, programas permanentes de capacitación para agentes del Ministerio Público y personal judicial en temas como Derecho Sanitario, Bioética y Gestión de Riesgos Institucionales. La finalidad es que las decisiones sobre posibles responsabilidades profesionales se sustenten en evaluaciones especializadas y no únicamente en criterios jurídicos generales.
Uno de los puntos centrales de la iniciativa establece que, al momento de determinar una posible responsabilidad penal o profesional, las autoridades deberán considerar como elemento probatorio la existencia comprobable de carencias de personal, equipo médico o insumos en la unidad hospitalaria donde ocurrieron los hechos, siempre y cuando el profesional haya actuado con los recursos que tenía disponibles.
Luna Ayala argumentó que la creciente judicialización de la práctica médica ha favorecido la llamada “medicina defensiva”, una conducta en la que médicos y personal sanitario privilegian la protección legal sobre la toma de decisiones clínicas, ordenando estudios adicionales o evitando procedimientos complejos por temor a enfrentar consecuencias legales.
Según la legisladora, esta situación genera mayores costos para el sistema de salud, incrementa la saturación de los servicios y afecta la relación entre médicos y pacientes al introducir un ambiente de desconfianza y posible litigio en espacios destinados a la atención médica.
La iniciativa también busca establecer un modelo de análisis que permita distinguir con claridad entre una negligencia profesional y un desenlace adverso provocado por factores ajenos al personal médico, como el desabasto de medicamentos, la falta de equipo, la insuficiencia de especialistas o la sobrecarga de trabajo en hospitales públicos.
De acuerdo con la exposición de motivos, los procedimientos actuales carecen de mecanismos efectivos para diferenciar ambas circunstancias, lo que termina trasladando al personal de salud la responsabilidad de deficiencias que corresponden a problemas institucionales o presupuestales.
La diputada sostuvo que la reforma pretende impulsar una “justicia de contexto”, en la que jueces y fiscales evalúen las condiciones materiales bajo las cuales se prestó la atención médica mediante peritajes integrales y análisis de la realidad operativa de los hospitales.
Afirmó que el propósito final es devolver seguridad jurídica a médicos, enfermeras y demás profesionales del sector salud, permitiéndoles tomar decisiones enfocadas en el bienestar de los pacientes y no condicionadas por el temor a enfrentar procesos legales derivados de carencias que escapan a su control.
La propuesta será analizada por los integrantes de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, donde iniciará su discusión legislativa.
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