La aprobación del inicio de un nuevo juicio político contra el gobernador de Nuevo León, Samuel García Sepúlveda, provocó nuevas reacciones en el Congreso local, donde legisladores de oposición señalaron que el procedimiento representa un capítulo más dentro de los diversos señalamientos y resoluciones que pesan sobre el mandatario estatal.
El coordinador de la bancada del PAN, Carlos de la Fuente Flores, aseguró que la determinación adoptada por la Comisión Anticorrupción responde a una denuncia ciudadana presentada recientemente y que permitirá dar seguimiento a acusaciones relacionadas con presuntas irregularidades atribuidas al titular del Ejecutivo estatal.
El legislador destacó que este procedimiento es independiente de otros procesos que anteriormente han sido promovidos contra el gobernador y recordó que existen resoluciones emitidas por autoridades jurisdiccionales en materia electoral y constitucional que han generado sanciones y pronunciamientos en contra de García Sepúlveda.
Durante su posicionamiento, De la Fuente sostuvo que el Congreso tiene la responsabilidad de atender las denuncias que se presenten y darles el trámite correspondiente conforme a la ley, por lo que consideró que el inicio del procedimiento representa únicamente el arranque de una nueva etapa de análisis legislativo.
Uno de los aspectos que más llamó la atención durante la sesión fue la ausencia de algunos integrantes de la bancada de Morena en la Comisión Anticorrupción, situación que fue cuestionada por el coordinador panista al considerar que el procedimiento había sido impulsado precisamente por dirigentes y representantes de ese partido político.
El diputado manifestó sorpresa por la inasistencia de legisladores morenistas pese al respaldo público que la dirigencia estatal y representantes nacionales de ese instituto político habían expresado hacia la denuncia presentada contra el gobernador.
No obstante, reconoció la participación de la diputada Grecia Benavides, quien acudió a la sesión y respaldó el avance del procedimiento, destacando la congruencia de su actuación al haber acompañado previamente la presentación de la denuncia.
Respecto a los pasos siguientes, el líder panista explicó que el Congreso deberá esperar la respuesta formal del Ejecutivo estatal y conocer quién asumirá la representación jurídica del gobernador durante el desarrollo del proceso.
La comparecencia relacionada con este nuevo juicio político fue programada para el próximo 23 de junio, fecha en la que se espera que la defensa del mandatario presente los argumentos correspondientes ante el Poder Legislativo.
El avance del procedimiento ocurre en medio de una creciente confrontación política entre el Gobierno estatal y las fuerzas de oposición representadas en el Congreso, escenario que ha marcado buena parte de la agenda pública de Nuevo León en los últimos años.
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