Del discurso de la transparencia… a la política de las reservas
Morena llegó al poder con una promesa que millones de mexicanos escucharon una y otra vez: terminar con la opacidad gubernamental. Durante años, sus dirigentes criticaron la costumbre de reservar información pública, esconder contratos, clasificar expedientes y negar datos bajo cualquier argumento legal. La transparencia, decían, sería una de las principales diferencias entre el viejo régimen y la llamada Cuarta Transformación.
Con el paso del tiempo, esa narrativa comenzó a cambiar.
Primero fueron los grandes proyectos de infraestructura. Información relacionada con el Tren Maya, el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, la Refinería Dos Bocas y diversas obras estratégicas terminó protegida bajo el argumento de la seguridad nacional o mediante reservas de información previstas por la ley.
Ahora aparece un nuevo capítulo.
La Secretaría de Relaciones Exteriores decidió reservar por cinco años toda la documentación relacionada con las comunicaciones entre México y Estados Unidos sobre las investigaciones que involucran al gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y al senador Enrique Inzunza, señalados por autoridades estadounidenses por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa.
Legalmente puede hacerlo. La Ley General de Transparencia contempla esa posibilidad cuando existen razones que puedan afectar investigaciones, relaciones diplomáticas o la seguridad nacional.
La pregunta ya no es jurídica.
La pregunta es política.
¿Puede un gobierno que construyó buena parte de su legitimidad criticando la opacidad de administraciones anteriores sostener ahora una política de reservas como mecanismo recurrente?
Y es precisamente ahí donde aparece otro expediente que parece no terminar nunca: el caso de Ismael “El Mayo” Zambada.
Han pasado casi dos años desde aquella sorpresiva captura y, lejos de aclararse, la historia parece complicarse con cada nueva declaración oficial.
Durante meses, la versión pública fue que Estados Unidos no participó directamente en la operación. Así lo sostuvo en su momento el entonces embajador Ken Salazar al asegurar que el avión, el piloto y el operativo no pertenecían al gobierno estadounidense.
Hoy el escenario es distinto.
El propio Gobierno de México sostiene que existen nuevos elementos que obligan a profundizar la investigación. La Fiscalía General de la República reveló que el piloto de la aeronave fue identificado mediante peritajes de audio y que, tras haber sido deportado a México, continuó operando en territorio nacional, fue detenido por portación de armas y posteriormente entregado nuevamente a autoridades estadounidenses con fundamento en la Ley de Seguridad Nacional.
Al mismo tiempo, la Fiscalía asegura que el FBI impidió una inspección completa de la aeronave utilizada para trasladar a “El Mayo” y que, durante la investigación, las autoridades estadounidenses proporcionaron información considerada imprecisa sobre la identificación del avión.
Del otro lado, Ken Salazar mantiene la misma versión que ofreció desde julio de 2024.
Afirma que tanto él como el entonces fiscal general Merrick Garland informaron al Gobierno de México que el operativo no fue ejecutado por Estados Unidos y remata con una frase contundente: “La verdad es la verdad”.
Mientras tanto, desde Palacio Nacional se pregunta quién mintió.
Y la ciudadanía también.
Porque después de tantos meses siguen existiendo más interrogantes que respuestas.
¿Quién organizó realmente la operación?
¿Quién autorizó el vuelo?
¿Por qué el piloto fue deportado, regresó a México, continuó cometiendo delitos y posteriormente fue entregado nuevamente a Estados Unidos?
¿Por qué la aeronave presentaba alteraciones en sus identificadores?
¿Por qué el FBI restringió parte de la inspección solicitada por la Fiscalía mexicana?
Cada conferencia parece abrir una nueva incógnita.
Cada declaración contradice a la anterior.
Cada documento reservado alimenta nuevas dudas.
Mientras tanto, el combate al crimen organizado continúa atrapado entre versiones diplomáticas, investigaciones abiertas y expedientes clasificados.
Y eso tiene consecuencias que van mucho más allá de un solo caso.
La confianza entre México y Estados Unidos atraviesa uno de sus momentos más delicados en años. La cooperación en materia de seguridad enfrenta constantes desencuentros y el intercambio de información parece caminar con mayor cautela. En ese ambiente de desconfianza resulta inevitable preguntarse si esa falta de credibilidad mutua terminará impactando otros temas estratégicos de la relación bilateral.
No es casualidad que, mientras este expediente continúa abierto, el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) haya entrado en una nueva etapa. Washington decidió no extender de inmediato la vigencia del acuerdo por otros 16 años y, en su lugar, activar el mecanismo de revisiones anuales previsto en el propio tratado. El acuerdo comercial continúa vigente y las condiciones preferenciales para México permanecen intactas, pero el mensaje político es innegable: la relación bilateral estará bajo una evaluación constante.
Sería irresponsable afirmar que una decisión es consecuencia directa de la otra. No existen elementos para sostenerlo. Pero también sería ingenuo pensar que los asuntos de seguridad, la cooperación entre fiscalías, el combate al crimen organizado y la confianza política no forman parte del mismo tablero sobre el que ambos países construyen su relación.
Quizá algún día se conozca toda la verdad sobre cómo llegó Ismael “El Mayo” Zambada a Estados Unidos. Quizá también sepamos quién dijo la verdad: si el entonces embajador Ken Salazar, el Departamento de Justicia, el FBI o las propias autoridades mexicanas. Hoy, lo único cierto es que el expediente sigue creciendo al mismo ritmo que las contradicciones.
Y ese es, quizá, el mayor costo político de todo este episodio.
Porque Morena llegó al poder prometiendo abrir los archivos que otros gobiernos cerraban, transparentar lo que antes se ocultaba y terminar con la opacidad como forma de gobernar. Siete años después, las reservas de información vuelven a ocupar un lugar central en asuntos que involucran obras públicas, investigaciones de alto impacto y relaciones internacionales.
La ley permite reservar información en determinados casos. Nadie discute eso. Lo que sí puede discutirse es si esa práctica sigue siendo compatible con el discurso de absoluta transparencia que distinguió a la Cuarta Transformación cuando era oposición.
Al final, la confianza no se construye con discursos, sino con hechos. Y cuando las respuestas permanecen bajo llave, los expedientes se clasifican por años y las versiones oficiales se contradicen entre sí, quienes terminan pagando el costo no son únicamente los gobiernos.
Es la credibilidad de las instituciones.
Y esa, una vez perdida, es mucho más difícil de recuperar que cualquier documento reservado.
