Diputación Permanente acuerda mesas de trabajo para analizar reformas en materia penal, municipal y de desarrollo urbano
El abandono de viviendas en Nuevo León dejó de ser solamente un problema relacionado con el deterioro de inmuebles. La existencia de casas deshabitadas también genera riesgos para la seguridad, afecta el patrimonio de las familias y representa un desafío para el desarrollo ordenado de las comunidades.
Ante esta situación, la Diputación Permanente del Congreso local aprobó la realización de mesas de trabajo para analizar las reformas necesarias que permitan atender el problema y buscar mecanismos para recuperar viviendas que actualmente permanecen abandonadas.
La propuesta fue presentada por el diputado José Manuel Valdez Salazar, quien advirtió que la dimensión del fenómeno obliga a buscar soluciones que involucren a distintas autoridades y sectores de la sociedad.
De acuerdo con el legislador, en Nuevo León se estima que existen alrededor de 286 mil viviendas abandonadas, una cifra que da cuenta de la magnitud del problema y de sus posibles repercusiones en diferentes ámbitos.
El diputado sostuvo que el abandono de casas no se concentra en un solo punto de la entidad. El fenómeno se presenta en prácticamente todos los municipios de la zona metropolitana de Monterrey y también existen reportes de viviendas en esta condición en municipios como Linares, Allende y Galeana.
El expediente 21728/LXXVII contempla modificaciones al Código Penal, la Ley de Gobierno Municipal y la Ley de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano.
Por tratarse de una propuesta que involucra diferentes ámbitos de competencia, Valdez Salazar consideró necesario abrir la discusión antes de definir los alcances de las reformas.
La intención, explicó, es que las mesas de trabajo permitan revisar las propuestas, incorporar aportaciones y determinar cuáles mecanismos pueden resultar realmente efectivos para reducir el número de viviendas abandonadas.
En el análisis participarán las Comisiones Unidas de Justicia y Seguridad Pública, así como de Infraestructura y Desarrollo Urbano.
También se prevé escuchar a autoridades municipales y estatales, instancias de procuración y administración de justicia, autoridades federales, especialistas, académicos, organizaciones de la sociedad civil y ciudadanos interesados en la problemática.
El objetivo será analizar tanto la viabilidad jurídica de las modificaciones como su impacto en las comunidades donde existen viviendas deshabitadas.
El problema tiene varias aristas. Una casa abandonada puede convertirse en un inmueble deteriorado, afectar el entorno urbano y generar condiciones que faciliten actividades ilícitas, además de representar una pérdida patrimonial para sus propietarios.
Por ello, el Congreso local busca que la discusión no se limite a una sola reforma, sino que permita construir una estrategia en la que participen los distintos niveles de gobierno y sectores relacionados con la vivienda y el desarrollo urbano.
La discusión apenas comienza, pero el dato de las 286 mil viviendas abandonadas coloca sobre la mesa un desafío que, por su dimensión, difícilmente puede ser atendido desde una sola dependencia o municipio.
Ahora corresponderá a las comisiones legislativas determinar qué cambios son viables y qué mecanismos pueden ayudar a que esas viviendas vuelvan a integrarse a las comunidades, en lugar de continuar representando un problema de seguridad, patrimonio y desarrollo urbano.
eitmedia.mx
