Ciudad de México.- Las amenazas realizadas a través de redes sociales, aplicaciones de mensajería, correos electrónicos o cualquier plataforma digital podrían ser castigadas con penas de hasta un año de prisión, luego de que en la Cámara de Diputados fue presentada una iniciativa para modernizar el Código Penal Federal y responder a las nuevas formas de violencia que se cometen mediante las tecnologías de la información.
La propuesta plantea reformar el artículo 282 del Código Penal Federal para ampliar el alcance del delito de amenazas, incorporando de manera expresa aquellas que se realizan por medios electrónicos, digitales o telemáticos, además de las efectuadas de forma verbal, escrita o simbólica.
De prosperar la reforma, quien intimide o amenace a otra persona con causarle un daño podría enfrentar una pena de tres días a un año de prisión o una multa de entre 180 y 360 días, sin importar el medio utilizado para cometer la conducta.
El proyecto también busca ampliar la protección legal para que las amenazas no solo comprendan daños contra los bienes o el honor de una persona, sino también contra su integridad física, psicológica y sexual, así como contra familiares, exparejas, personas con quienes haya existido una relación afectiva, laboral o de convivencia y cualquier otro vínculo similar.
La iniciativa parte del argumento de que la legislación vigente fue diseñada cuando las amenazas se realizaban principalmente de manera presencial o mediante correspondencia escrita, por lo que no responde a la realidad actual, donde las redes sociales, los servicios de mensajería instantánea y otras plataformas digitales se han convertido en espacios desde los cuales también se ejercen actos de intimidación.
El documento advierte que las amenazas difundidas por internet tienen un impacto distinto al de las formas tradicionales, ya que pueden viralizarse en cuestión de minutos, permanecer disponibles de manera indefinida y alcanzar simultáneamente a familiares, amistades, compañeros de trabajo y otros entornos de la víctima, incrementando el daño emocional y psicológico.
Asimismo, se señala que estudios criminológicos han identificado que una proporción importante de las amenazas ocurre entre personas que mantuvieron relaciones sentimentales, familiares o laborales, situación que actualmente no se encuentra plenamente contemplada en la legislación penal, lo que puede dificultar la persecución de estos delitos.
La propuesta también pone énfasis en el incremento de amenazas dirigidas contra mujeres, periodistas, personas defensoras de derechos humanos, servidores públicos y otros sectores vulnerables. Diversos organismos especializados han advertido que estos actos de intimidación suelen anteceder hechos de violencia física o agresiones de mayor gravedad, por lo que fortalecer el marco jurídico representa una medida preventiva.
La iniciativa fue turnada a la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados, donde comenzará su análisis como parte del proceso legislativo para determinar la viabilidad de incorporar estas modificaciones al Código Penal Federal.
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