El Congreso abrió una nueva etapa de diálogo con organizaciones de extrabajadores, mientras crecen las voces que piden corregir los efectos de la reforma constitucional sobre las jubilaciones del sector público.
La inconformidad de miles de jubilados y pensionados por la aplicación del nuevo límite constitucional a las pensiones llegó nuevamente a la Cámara de Diputados, donde legisladores reconocieron que persisten reclamos por descuentos en los pagos y por la forma en que la reforma ha sido aplicada en distintas instituciones del Gobierno federal.
Las quejas fueron expuestas durante una reunión de la Comisión de Puntos Constitucionales, en la que se presentó un balance de los encuentros sostenidos en semanas recientes con representantes de organizaciones de jubilados de Petróleos Mexicanos (Pemex), la Comisión Federal de Electricidad (CFE), la extinta Luz y Fuerza del Centro, así como de Banobras.
De acuerdo con el informe presentado, los extrabajadores han manifestado que la entrada en vigor de la reforma publicada el pasado 10 de abril provocó disminuciones en los montos que reciben mensualmente, además de afectar otras prestaciones y generar diferencias en los criterios de aplicación entre dependencias públicas.
Ante este escenario, el Congreso abrió una ruta de trabajo que incluye mesas de diálogo, revisión de iniciativas y la intervención de la Secretaría de Gobernación y de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, con el objetivo de analizar las inconformidades y determinar cuáles pueden resolverse por la vía administrativa y cuáles requerirían cambios a la legislación.
El presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, Leonel Godoy Rangel, informó que algunos casos ya comenzaron a corregirse luego de una opinión emitida por la Consejería Jurídica, la cual permitió revisar descuentos aplicados por la Secretaría de Hacienda y ordenar la devolución de recursos a pensionados que resultaron afectados.
Sin embargo, el legislador reconoció que el debate de fondo continúa abierto y adelantó que durante el próximo periodo ordinario podría discutirse una eventual reforma constitucional para atender las inquietudes planteadas por los jubilados, decisión que dependerá de los acuerdos que alcancen las fuerzas políticas en la Junta de Coordinación Política.
La discusión también evidenció diferencias entre las bancadas. Mientras Morena sostuvo que el proceso de diálogo ha permitido construir una ruta institucional para atender los reclamos, Movimiento Ciudadano y el Partido Acción Nacional insistieron en que el artículo transitorio de la reforma debe modificarse al considerar que existen afectaciones a derechos previamente adquiridos por los trabajadores.
Con ello, el tema de las pensiones vuelve a colocarse en la agenda legislativa, en un momento en que miles de jubilados mantienen la expectativa de que el Congreso revise los alcances de la reforma y determine si existen condiciones para realizar ajustes que les otorguen mayor certeza sobre los ingresos que reciben tras concluir su vida laboral.
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