La decisión de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL) de establecer nuevos controles para la asignación de becas gestionadas por diputados recibió el respaldo de la coordinadora de la bancada de Movimiento Ciudadano en el Congreso local, Sandra Pámanes, quien consideró que las modificaciones permitirán garantizar que los apoyos lleguen a quienes realmente los necesitan y evitar que el programa sea utilizado con fines de promoción política.
La legisladora explicó que las nuevas disposiciones surgieron tras un diálogo entre la Rectoría y los coordinadores de las distintas bancadas legislativas, luego de detectarse irregularidades en la forma en que algunos actores promovían las becas universitarias.
Pámanes sostuvo que el Congreso debe respetar plenamente los lineamientos establecidos por la Máxima Casa de Estudios y actuar únicamente como un vínculo entre la ciudadanía y la Universidad, dejando en manos de la institución la decisión final sobre el otorgamiento de los apoyos.
Afirmó que el ajuste no obedece a razones políticas, sino a una estrategia para mejorar la organización del programa y hacerlo más eficiente. Recordó que anteriormente no existía un límite para la gestión de becas, mientras que ahora cada diputado podrá canalizar hasta 500 solicitudes, cifra que consideró suficiente para atender la demanda ciudadana.
Asimismo, reconoció que en el pasado algunos personajes hicieron un uso inadecuado de este mecanismo al convertirlo en una herramienta de promoción personal, práctica que, dijo, debe quedar atrás para privilegiar el beneficio de los estudiantes.
En materia de seguridad, la coordinadora de Movimiento Ciudadano también se pronunció a favor de analizar la propuesta impulsada por el municipio de San Nicolás para reforzar las medidas preventivas en establecimientos comerciales, la cual contempla que las personas ingresen con el rostro descubierto en determinados negocios.
La diputada señaló que, de comprobarse que la medida contribuye a inhibir la comisión de delitos, ésta no debería aplicarse únicamente en un municipio, sino convertirse en una política de alcance estatal.
Indicó que el Congreso revisará el sustento jurídico de la iniciativa para determinar si corresponde incorporarla a la Ley de Seguridad del Estado o a otro ordenamiento legal, con el propósito de homologar su aplicación en los 51 municipios de Nuevo León.
Pámanes comparó esta propuesta con los protocolos que actualmente existen en instituciones bancarias, donde por razones de seguridad no se permite el acceso con el rostro cubierto, por lo que consideró viable evaluar un esquema similar para otros establecimientos.
En otro tema, la legisladora informó que presentó un exhorto dirigido al alcalde de Monterrey, Adrián de la Garza, para que informe al Congreso del Estado las causas de los constantes retrasos en las obras de la Carretera Nacional, proyecto que supera los 630 millones de pesos de inversión y que, aseguró, ha incumplido en repetidas ocasiones las fechas anunciadas para su conclusión.
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