El Gobierno de Nuevo León negó que exista un adeudo con Monterrey y cuestionó la denuncia presentada por el Municipio ante la Fiscalía Anticorrupción.
El Gobierno de Nuevo León rechazó los señalamientos realizados por el Municipio de Monterrey sobre una presunta retención de recursos por 313.5 millones de pesos y sostuvo que, tras revisar la información del Instituto de Control Vehicular y de la Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado, no existe ningún adeudo pendiente con la administración regiomontana.
A través de una postura oficial, el Gobierno estatal calificó como falsos los señalamientos realizados por el alcalde de Monterrey y aseguró que las transferencias correspondientes a los municipios, incluido Monterrey, se han efectuado de manera correcta.
Como respaldo de su argumento, la administración estatal señaló que la Auditoría Superior de la Federación revisó las transferencias a los municipios y determinó que no existen irregularidades.
El informe correspondiente puede consultarse directamente en el documento de la Auditoría Superior de la Federación:
Informe de la Auditoría Superior de la Federación
El Estado agregó que la información relacionada con los pagos realizados a los municipios se publica de manera trimestral, por lo que, afirmó, los montos y conceptos transferidos son información pública y pueden ser consultados por la ciudadanía.
En su respuesta, el Gobierno estatal también lanzó un señalamiento contra la administración municipal al asegurar que Monterrey mantiene un adeudo de 9.3 millones de pesos relacionado con pruebas de confianza.
La administración estatal manifestó además su disposición para instalar mesas de trabajo con el Municipio de Monterrey con el objetivo de revisar las dudas existentes y explicar los conceptos que forman parte de la controversia financiera.
Otro de los puntos cuestionados por el Gobierno estatal es que parte de los adeudos señalados por el Municipio corresponden a proyectos y ejercicios fiscales relacionados con la administración del exalcalde Luis Donaldo Colosio, algunos de los cuales, según la postura estatal, corresponden a ejercicios fiscales que ya fueron cerrados.
El Gobierno de Nuevo León consideró lamentable que el actual alcalde de Monterrey haya recurrido a la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción para presentar una denuncia relacionada con recursos que, sostiene, no se adeudan.
La administración estatal acusó que el recurso podría utilizarse como una herramienta de presión política para intentar obtener recursos que, desde su perspectiva, no corresponden al Municipio.
Finalmente, el Gobierno estatal expresó su confianza en que la Fiscalía Anticorrupción llevará a cabo las investigaciones conforme a derecho y sin sesgos políticos.
La disputa entre Monterrey y el Gobierno de Nuevo León queda así abierta en dos frentes: mientras el Municipio sostiene que existen 313.5 millones de pesos pendientes de entregar y ya acudió ante la Fiscalía Anticorrupción, el Estado niega la existencia del adeudo y afirma que las transferencias se han realizado correctamente.
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