
Los operativos se realizaron de manera simultánea en un plantel educativo de El Uro y un domicilio de San Nicolás; fueron asegurados equipos electrónicos que serán analizados como parte de la investigación.
La Fiscalía General de Justicia de Nuevo León realizó dos cateos de manera simultánea como parte de una investigación relacionada con un presunto caso de agresión sexual contra un menor y posibles hechos vinculados con pornografía infantil.
Uno de los operativos se llevó a cabo en el colegio católico Tonallí, ubicado en la colonia El Uro, en Monterrey, mientras que el segundo se realizó en un domicilio particular de San Nicolás de los Garza, señalado como propiedad del docente que es investigado.
De acuerdo con el fiscal general de Nuevo León, Javier Flores Saldívar, ambas diligencias se efectuaron el 25 de agosto y tuvieron como propósito recabar elementos que permitan esclarecer los hechos denunciados.
“Derivados de actos de investigación que se hicieron en un centro educativo de la ciudad de Monterrey, se hicieron de manera simultánea, uno en el centro educativo y otro en San Nicolás, el objetivo de estos actos de investigación fue recabar datos de prueba que puedan esclarecer los hechos relacionados con una agresión sexual al menor o pornografía infantil”, explicó.
Durante las diligencias, los agentes aseguraron computadoras portátiles y otros equipos electrónicos que serán sometidos a análisis para determinar si contienen información relacionada con la investigación.
El fiscal explicó que para revisar el contenido de los dispositivos se requiere la autorización correspondiente de una autoridad federal, por lo que hasta el momento no se ha informado de personas detenidas.
La investigación se mantiene abierta y las autoridades deberán determinar, mediante el análisis de los elementos asegurados y el resto de los actos de investigación, si existen datos suficientes para establecer responsabilidades.
De acuerdo con información policial, el colegio intervenido forma parte de la Red de Colegios Asociados Jesuitas y mantiene relación con la Arquidiócesis de Monterrey.
Hasta ahora, la Fiscalía no ha precisado públicamente mayores detalles sobre el origen de la denuncia ni ha informado si ésta fue presentada por un particular, por familiares del menor o directamente por la institución educativa.
Tampoco se han dado a conocer resultados del análisis de los dispositivos electrónicos asegurados durante los cateos.
Las autoridades mantienen bajo reserva los datos de las personas involucradas mientras continúan las investigaciones, particularmente por tratarse de hechos que involucran a un menor de edad.
La Fiscalía de Nuevo León deberá determinar, con base en los elementos obtenidos durante las diligencias, si existen indicios que permitan avanzar hacia una eventual imputación o si son necesarias nuevas actuaciones para esclarecer lo ocurrido.
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