El Municipio acusa al Gobierno de Nuevo León de retener recursos que, afirma, corresponden legalmente a la administración regiomontana y advierte que continuará con las acciones legales.
El Municipio de Monterrey presentó una denuncia penal ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción contra quien o quienes resulten responsables por la presunta retención de recursos que, de acuerdo con la administración municipal, legalmente corresponden a las arcas regiomontanas.
La denuncia coloca nuevamente en el centro de la disputa entre municipios y Gobierno del Estado el manejo y entrega de recursos destinados a las administraciones municipales.
De acuerdo con el Municipio de Monterrey, la Tesorería estatal y el Instituto de Control Vehicular han retenido recursos que corresponden a los gobiernos municipales, pese a que estos han realizado requerimientos formales para exigir su entrega.
La administración regiomontana señaló que el pasado 13 de julio alcaldesas y alcaldes de distintos municipios entregaron un escrito dirigido al gobernador Samuel Alejandro García Sepúlveda para solicitar el cumplimiento de las obligaciones financieras pendientes. Sin embargo, aseguró que hasta ahora no han recibido una respuesta.
En el caso particular de Monterrey, el gobierno municipal sostiene que el adeudo asciende actualmente a 313.5 millones de pesos.
Según la denuncia, los recursos pendientes corresponden al Fondo de Desarrollo Municipal, fondos y aportaciones estatales, además de recursos derivados del convenio de coordinación con el Instituto de Control Vehicular por concepto de multas de tránsito municipales cobradas por el organismo estatal.
El Municipio rechazó que su exigencia represente una solicitud de recursos extraordinarios o adicionales y sostuvo que únicamente reclama la entrega de recursos que, conforme a la legislación y los convenios establecidos, corresponden a Monterrey.
La administración municipal advirtió que la falta de estos recursos tiene consecuencias directas para la población, debido a que limita la capacidad del gobierno local para realizar inversiones en áreas como seguridad, servicios públicos e infraestructura.
El señalamiento ocurre en medio de una disputa más amplia entre municipios de Nuevo León y el Gobierno estatal por la entrega de participaciones, fondos y otras aportaciones, un conflicto que ha llevado a las autoridades municipales a recurrir a distintas vías para exigir el cumplimiento de sus obligaciones financieras.
Monterrey informó que continuará promoviendo las acciones legales que considere necesarias para recuperar los recursos que, sostiene, pertenecen a las y los regiomontanos.
La denuncia penal abre ahora una nueva vía en el conflicto financiero entre el Municipio y el Gobierno de Nuevo León, mientras corresponderá a las autoridades ministeriales determinar si existen elementos para establecer responsabilidades por los hechos señalados.
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