La Comisión Anticorrupción del Congreso de Nuevo León amplió la investigación del juicio político contra el gobernador Samuel García al solicitar información a las 163 notarías públicas del estado y acusó que las secretarías estatales no han respondido a los requerimientos oficiales.
La investigación que realiza el Congreso del Estado dentro del procedimiento de juicio político promovido contra el gobernador Samuel García Sepúlveda por la presunta triangulación de recursos continúa ampliándose. Ahora, la Comisión Anticorrupción solicitó información a las 163 notarías públicas de Nuevo León para conocer si existen operaciones relacionadas con bienes inmuebles del mandatario o de integrantes de su familia que aún no hayan quedado registradas oficialmente.
La presidenta de la Comisión Anticorrupción, la diputada Armida Serrato Flores, informó que desde el pasado viernes comenzaron a enviarse los oficios dirigidos a los fedatarios públicos con el propósito de recabar información que permita fortalecer el expediente que actualmente integra el Poder Legislativo.
De acuerdo con la legisladora, la revisión busca identificar posibles actos jurídicos relacionados con la adquisición o protocolización de propiedades que aún no aparezcan en los registros del Instituto Registral y Catastral del Estado, lo que permitiría contar con un panorama más amplio sobre el patrimonio investigado.
Serrato Flores explicó que la solicitud a las notarías forma parte de una estrategia para reunir información proveniente de distintas instancias, luego de que previamente también se requirieran datos al Gobierno del Estado, al Servicio de Administración Tributaria (SAT) y a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).
Durante su mensaje, la diputada también señaló que venció el plazo otorgado a 69 dependencias estatales para responder los requerimientos de información emitidos por la Comisión Anticorrupción; sin embargo, aseguró que ninguna de las secretarías entregó la documentación solicitada.
Ante ello, anunció que enviará un segundo requerimiento a los titulares de las dependencias estatales, recordándoles la obligación de atender las solicitudes formuladas por el Congreso y advirtiendo que la falta de respuesta podría derivar en responsabilidades administrativas e incluso en nuevos procedimientos de juicio político.
La legisladora también cuestionó un oficio firmado por el subsecretario de Asuntos Jurídicos y Atención Ciudadana, Héctor Mateos Urbina, mediante el cual se pretende centralizar las solicitudes de información dirigidas a las distintas dependencias estatales. A consideración de Serrato Flores, dicha instancia carece de facultades para limitar o concentrar la entrega de información requerida por el Poder Legislativo.
Asimismo, recordó que en otros procedimientos de juicio político las secretarías estatales sí respondieron a los requerimientos formulados por la Comisión Anticorrupción, por lo que calificó como inusual la falta de colaboración registrada en esta ocasión.
La diputada indicó que las diligencias continuarán durante los próximos días con el objetivo de concluir la integración del expediente, proceso que estimó podría quedar listo aproximadamente en una semana para continuar con el trámite legislativo correspondiente.
Hasta el momento, el Gobierno de Nuevo León no ha emitido una postura pública sobre los nuevos requerimientos enviados por la Comisión Anticorrupción del Congreso local.
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