La problemática de los baches en el área metropolitana volvió al Congreso del Estado con la presentación de un paquete de iniciativas que busca establecer nuevas obligaciones para los municipios en materia de atención, seguimiento y reparación de vialidades, además de fortalecer la calidad de las obras públicas relacionadas con la pavimentación.
La diputada local de Movimiento Ciudadano, Marisol González, presentó cuatro propuestas de reforma que abarcan distintos ordenamientos estatales con el objetivo de mejorar la respuesta de las autoridades ante uno de los problemas urbanos que más afecta a automovilistas, motociclistas y peatones.
Entre las principales modificaciones se encuentra la obligación para los municipios de crear un sistema público de seguimiento de baches, donde los ciudadanos puedan consultar la ubicación de cada reporte, la fecha en que fue recibido y el estatus de las acciones emprendidas para su reparación.
La legisladora consideró que este mecanismo permitiría dar mayor transparencia al trabajo de las administraciones municipales y facilitaría que la ciudadanía conozca el avance en la atención de los reportes.
Otro de los ejes de la propuesta plantea reconocer a los baches como un riesgo para la movilidad, lo que obligaría a las autoridades municipales a señalizarlos y atenderlos con carácter prioritario. En caso de que la vialidad corresponda a otra autoridad, el municipio tendría la responsabilidad de canalizar el reporte de manera inmediata a la instancia competente.
El paquete legislativo también busca brindar certeza jurídica a ciudadanos y empresas que, de manera voluntaria, realizan reparaciones temporales para reducir riesgos en calles deterioradas. La iniciativa establece que estos trabajos podrán efectuarse siempre que se apeguen a criterios técnicos, no alteren la estructura del pavimento ni las instalaciones subterráneas y utilicen materiales destinados únicamente para conservación provisional.
Con ello, la diputada pretende evitar que las personas que realizan este tipo de acciones con fines de apoyo comunitario puedan ser objeto de sanciones, siempre que actúen dentro de los lineamientos establecidos por la ley.
Otra de las modificaciones propone ampliar de uno a dos años el periodo de garantía que deberán ofrecer las empresas responsables de obras de pavimentación y rehabilitación de calles, con el propósito de que las autoridades cuenten con un mayor plazo para exigir la reparación de desperfectos derivados de deficiencias en la construcción o en los materiales utilizados.
Marisol González aseguró que el deterioro de las vialidades representa una de las principales demandas ciudadanas y señaló que ocho de cada diez habitantes del área metropolitana de Monterrey enfrentan afectaciones por esta problemática. Además, indicó que durante este año se han registrado más de dos mil reportes de daños ocasionados por el mal estado de las calles.
Las iniciativas contemplan reformas a la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Nuevo León, la Ley de Movilidad Sostenible, de Accesibilidad y Seguridad Vial, la Ley para la Construcción y Rehabilitación de Pavimentos y la Ley de Obras Públicas para el Estado y Municipios. El paquete será analizado por las comisiones correspondientes antes de ser sometido a discusión en el Pleno del Congreso.
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