Durante un análisis sobre la propuesta regulatoria, un especialista advirtió que el proyecto otorgaría mayores facultades a la autoridad para intervenir en contenidos informativos y lanzó severas críticas contra Morena y el Gobierno federal.
La discusión sobre los nuevos Lineamientos Generales para la Protección de los Derechos de las Audiencias continúa generando reacciones encontradas. Durante un análisis sobre el proyecto, un especialista en medios de comunicación y libertad de expresión advirtió que la propuesta representa un riesgo para la independencia editorial y podría modificar el equilibrio entre el Estado, los medios de comunicación y los ciudadanos.
El ponente sostuvo que el proyecto contiene disposiciones que, a su juicio, abren la puerta a una concentración excesiva de facultades en una autoridad administrativa, situación que consideró incompatible con principios como la libertad de expresión, la libertad de prensa, el derecho a la información, el pluralismo y la independencia de los medios.
Asimismo, afirmó que resulta preocupante que la autoridad pueda tener margen para determinar qué contenidos pueden considerarse “falsos”, “descontextualizados” o “incorrectos”. En ese contexto aseguró que, de aprobarse el proyecto en sus términos actuales, “el gobierno se convierte en el gran censor y represor”.
Durante su exposición sostuvo que, en una democracia, el gobierno no debe convertirse en el árbitro de la verdad ni asumir la facultad de definir los límites del debate público. Incluso endureció sus críticas al señalar que ello no debería quedar “mucho menos en una pandilla de fanáticos con tufo estalinista”.
Otro de los aspectos que cuestionó fue la posibilidad de que los códigos de ética de los medios de comunicación queden sujetos a supervisión y eventuales sanciones por parte de la autoridad. Afirmó que estos mecanismos deben permanecer como instrumentos de autorregulación y advirtió que “presionar a los medios es propio de las dictaduras y autocracias”.
También expresó preocupación por el futuro de las defensorías de las audiencias, al considerar que fueron creadas para servir como un vínculo entre los ciudadanos y los medios de comunicación, y no para quedar subordinadas a las decisiones del Estado. En ese sentido acusó directamente a Morena de impulsar un modelo que, según dijo, limitaría su independencia.
El expositor también cuestionó la posibilidad de que una autoridad pueda revisar las resoluciones emitidas por los defensores de las audiencias. “¿Quién terminará decidiendo qué información puede difundirse y cuál no?”, preguntó durante su intervención. Acto seguido acusó a Morena y al Gobierno federal de pretender que “un directorio formado por burócratas fachos” determine qué contenidos pueden publicarse, afirmación que comparó con sistemas políticos de Europa del Este.
Asimismo, manifestó su preocupación por el régimen de sanciones previsto en el proyecto y sostuvo que los procedimientos de queja podrían utilizarse como mecanismos de presión contra periodistas y comunicadores. Añadió que, en su opinión, “el régimen ha dado muestra de su odio a la libertad y persigue, censura y descalifica a los comunicadores independientes”, además de señalar la impunidad en los homicidios cometidos contra periodistas.
Durante su intervención aseguró que la historia demuestra que las democracias comienzan a debilitarse cuando el poder público concentra facultades para controlar la información, limitar la crítica o definir los márgenes del pensamiento permitido.
Finalmente, llamó a defender la libertad de expresión, la libertad de prensa y el derecho a la información, al sostener que estos derechos pertenecen a toda la sociedad y no únicamente a los medios de comunicación. “La democracia no se hereda; se cuida todos los días”, concluyó.
